Madrid. Comenzaron a pagar dinero a gestoras de cooperativas hace tres lustros, en algunos casos, y siguen sin tener sus casas, y es más que complicado que las vayan a tener dado que todavía hoy, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo, los terrenos donde se debían construir sus casas siguen estando calificados como rústicos. Pero, al menos, desde los tribunales empiezan a llegar buenas noticias.
Son unas 15.000 personas las que abonaron cantidades entre 30.000 y 100.000 euros para tener su vivienda en algunos de los barrios de la denominada Estrategia del Sureste en Madrid (Los Ahijones, Los Berrocales o Los Cerros), que, de la noche a la mañana, se encontraron con que la aseguradora HCC Europe no garantizaba la devolución de esas cantidades. A partir de ahí, un sinfín de recursos ante los tribunales para tratar de recuperar su dinero.
Los primeros 151 cooperativistas, del Balcón de O'Donnell –una de las 27 cooperativas constituidas en estos ámbitos– podrán recuperar seis millones de euros. Así lo ha determinado un juez, en cuya sentencia deja claro que los cooperativistas fueron objeto de una estafa, ya que, tras contratar los cooperativistas el seguro que marca la ley para cubrir las cantidades adelantadas, HCC comercializó una póliza fraudulenta con la intención manifiesta de estafar a los cooperativistas y no cubrir sus depósitos en caso de devolución. “Se las ingenió para redactar cláusulas paralelas especiales que pretendían dejar a sus clientes sin ninguna cobertura”, recoge la sentencia.
A partir de ahora, es la Dirección General del Seguro, dependiente del Ministerio de Economía y Competitividad, el organismo que debe velar porque la aseguradora condenada garantice la provisión de fondos. Algo que HCC ya ha hecho, ya que se arriesgaba a que, de acuerdo con lo estipulado por el juez, no depositarlo le hubiera supuesto asumir un cómputo de intereses de unos 100.000 euros mensuales.
Hasta ahora son ya 26 las resoluciones judiciales que condenan a las aseguradores HCC y Asefa a pagar a los cooperativistas el 100% de las aportaciones realizadas. Ante la inicial negativa a pagar y el riesgo que, a juicio de los cooperativistas, existía de que estas aseguradoras, de matriz multinacional, pudieran dar por concluidas su actividad en España y eludir así sus responsabilidad, los afectados remitieron un escrito a la Dirección General del Seguro para que esa provisión fuera realmente aportada.
