Valencia. El director general de Evaluación Ambiental y Territorial de la Generalitat Valenciana, Juan Giner, ha presentado las líneas básicas de la nueva legislación en materia de Urbanismo y Ordenación del Territorio ante los abogados urbanistas del Colegio de Abogados de Alicante y ante la Asociación de Promotores de Alicante.
Estas dos jornadas se incluyen en el marco del Plan de Participación Pública en el que se encuentra el Anteproyecto de Ley, y en el que diferentes municipios, universidades, colegios profesionales y otros agentes económicos y sociales están realizando aportaciones y sugerencias al nuevo texto.
Según ha explicado Giner ante estos dos colectivos, la Reforma Legislativa impulsada por el Consell pretende, en un contexto de crisis como el actual, “agilizar y simplificar la actividad urbanística en un marco legislativo claro, seguro y sostenible, así como favorecer la dinamización socioeconómica y la generación de empleo en el conjunto del territorio”.
“De esta manera, el anteproyecto reduce casi en un 80% el número de disposiciones normativas sobre urbanismo, ordenación del territorio y el paisaje en la Comunidad Valenciana, y pasa de unos 1.200 artículos a 273”, ha destacado. En concreto, la ley refunde 5 leyes y deroga: la Ley de Ordenación del Territorio y de Protección del Paisaje, la Ley del Suelo No urbanizable, la Ley Urbanística Valenciana, la Ley Reguladora de los Campos de Golf y la Ley de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actividades Territoriales Estratégicas.
Según Giner, estas medidas “reducirán extraordinariamente los plazos para las aprobaciones de los planes generales municipales de los tres o cinco años actuales, a poco más de un año, y permitirá una interlocución única y accesible para el inversor, promotor, Ayuntamiento, o particulares”.
Otra de las novedades destacadas de la Ley es la integración de la evaluación ambiental en el procedimiento de elaboración y aprobación de los planes urbanísticos, incorporando desde el principio del proceso los criterios ambientales, territoriales y funcionales que acompaña al plan a lo largo de su elaboración. “Todos los informes sectoriales se integrarán desde las etapas previas, eliminando una cadena interminable de informes tal y como sucede en estos momentos”, ha añadido el director general.
Con la misma finalidad de conseguir un planeamiento más sostenible, la nueva regulación favorecerá los procesos de rehabilitación de la edificación, renovación urbana y de mejora de la calidad de la ciudad, limitando los grandes crecimientos que ocupen nuevas áreas del territorio. En este sentido, el nuevo modelo urbanístico se ajusta a la realidad socioeconómica actual y a los criterios en que se basa la futura directiva sobre ocupación de suelo de la Unión Europea.
Por otra parte, el director general de Evaluación Ambiental y Territorial ha mantenido una reunión con miembros del Consulado Británico en Alicante, a quienes ha explicado los instrumentos de que dispone la nueva normativa para regular la situación de los tejidos urbanos diseminados en el territorio.
En este sentido, Giner ha explicado que, por primera vez, la Ley recoge instrumentos para abordar las diferentes situaciones en las que se encuentran este tipo de edificaciones diseminadas, ya sean en suelo urbanizable o no urbanizable, a fin de poder dotarlas de los equipamientos necesarios para evitar que produzcan impactos negativos sobre el medio ambiente.
“La figura de minimización de impactos en el medio rural, que recoge la nueva normativa -ha continuado-, permitirá que las áreas con agrupaciones que superen las 10 viviendas por hectárea y que dispongan de licencia, sean delimitadas para poder establecer las infraestructuras y servicios mínimos, como saneamiento, alcantarillado o recogida de residuos, para evitar vertidos y emisiones al medio natural”, unas medidas que, según ha explicado el director general, “van dirigidas a reforzar las garantías de los propietarios”.
