Sevilla. La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha firmado en Sevilla la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que solicita al Congreso de los Diputados la modificación de la Ley Hipotecaria a favor de la dación en pago, de manera que se eviten los desahucios de aquellas familias que no han podido afrontar el pago de sus hipotecas y que, a pesar de ser desalojados de sus viviendas, están obligados a hacer frente al pago del inmueble.
En opinión de Cortés, un derecho “no se puede dejar jamás al albur de los negocios” porque “al igual que no se puede negociar con la libertad o la dignidad de una persona, no se puede negociar con su derecho a una vivienda”.
Tras la rúbrica de la ILP, la consejera ha aclarado que su aportación es el reflejo de “ser consecuente con la fuerza política que represento”, en defensa de una vivienda digna para todos los ciudadanos. La consejera ha explicado que su departamento trabaja en la búsqueda de soluciones integrales que frenen los desahucios, con la búsqueda de alternativas como la dación en pago y el fomento del alquiler social.
Cortés ha aseverado que “cuando la brecha de la injusticia social se abre bajo nuestros pies, una Administración debe decidir a qué lado de la brecha se queda” y firmar esta ILP es, ha añadido, “ponerse al lado de los que lo pierden todo”.
Para la consejera, esta ILP “puede marcar un hito en la relación entre las instituciones y la calle”, por lo que ha pedido a todos los que así lo consideren que apoyen la iniciativa para “que sea imposible rechazarla”.
Ante la posibilidad de que el Congreso de los Diputados rebata esta iniciativa, Elena Cortés ha denunciado que “si las Cortes la rechazan tras el rescate de Bankia, quedarán definitivamente retratados” porque “la ciudadanía no toleraría una actuación tan moralmente inaceptable del Congreso”.
La recogida de firmas que se celebra en Sevilla se realiza ante la sede del Banco de España en la plaza de San Francisco. La plataforma ‘Compromiso Social por el progreso’, promotora de esta iniciativa, está formada por 27 organizaciones, entre ellas CCOO y UGT, que defienden la introducción de cambios en la Ley Hipotecaria, de manera que la entrega de la vivienda a una entidad financiera en caso de imposibilidad de impago suponga la cancelación del compromiso hipotecario y, por tanto, que el ciudadano quede libre de la deuda.
