Madrid. El Juzgado de Primera Instancia número 57 de Madrid ha ordenado el embargo preventivo de siete fincas propiedad de Nueva Rumasa solicitado por Inversiones Insulares Radó, sociedad de la familia Radó. La demanda fue interpuesta por el impago de parte del importe derivado de la venta de dos hoteles ‘Beverly’ en 2008, que se cerró por 69 millones de euros, y que se debía abonar en distintos plazos en forma de pagarés nominativos.
La juez requiere a Nueva Rumasa a que abone al acreedor 1,2 millones de euros (910.573 euros en concepto de principal, 20.385 euros por gastos y 279.287 euros en concepto de intereses de demora) y ordena el inmediato embargo preventivo de los bienes del deudor, por las cantidades expresadas, por si no se atendiera al requerimiento. Se trata de cuatro fincas propiedad del Grupo Dhul, dos de Clesa y una cuya mitad pro indivisa es propiedad de Alfonso Ruiz-Mateos Rivero.
Estamos ante un procedimiento judicial cambiario, no declarativo, que implica ordenar el embargo solicitado por la parte demandante, y sobre el que no cabe recurso, aunque Nueva Rumasa puede presentar demanda de oposición al juicio cambiario una vez le sea notificado el requerimiento, actuación que, en ningún caso, dejaría sin efecto el embargo preventivo.
No es el único contratiempo que Nueva Rumasa debe afrontar. La familia Ruiz-Mateos ha explicado que la entidad compradora de las mercantiles Estancia Hotelera y Maspalomas “se ha visto obligada de manera cautelar a suspender todos los pagos que puntualmente venía satisfaciendo a los vendedores”, por su conducta “deliberadamente incumplidora” de sus obligaciones contractuales. Una medida excepcional que fue pactada entre las partes en el momento del otorgamiento del contrato de compraventa.
Por otro lado, Clesa ha comenzado a negociar con los representantes sindicales el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) temporal que prevé aplicar en su planta de Madrid, que tendrá una duración máxima de 18 meses. La empresa ha propuesto que el expediente recoja reducciones de jornada con una disminución del sueldo de los trabajadores afectados de en torno al 10%.
