Sevilla. El vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, y la consejera de Presidencia de la Junta, Mar Moreno, han formalizado el traspaso de competencias en materia de ordenación y gestión de las costas andaluzas a manos del Ejecutivo autónomo. En la rueda posterior al acto, la consejera ha destacado la voluntad de preservar este “gran tesoro” de Andalucía, desde el respeto a la ordenación del territorio y al desarrollo sostenible, y que, además, garantizará una “gestión más cercana” a la ciudadanía.
Con este traspaso se pone fin al contencioso que mantenían Junta y Gobierno central en relación con el deslinde del Parque Nacional de Doñana, un entorno natural al que, según Moreno, el Gobierno andaluz tiene intención de otorgarle el “máximo nivel de protección”.
Por su parte, el vicepresidente y ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, ha asegurado que el traspaso supone “un paso más” en el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Andalucía”, que incluía la gestión exclusiva del litoral andaluz.
Antes de la fecha de inicio efectivo de la gestión por parte de la Junta, el 1 de abril, se va a convocar la comisión de seguimiento, ha indicado Moreno. A partir de esa fecha, el Ejecutivo autonómico será el encargado de otorgar, de conformidad con la Ley de Costas, las autorizaciones y concesiones de ocupación del dominio público marítimo terrestre (como playas, acantilados, dunas, marismas o humedales, entre otros espacios costeros).
Entre estos permisos se encuentran los relativos a los llamados ‘chiringuitos’. La consejera ha señalado la importancia para la economía local y autonómica de estos establecimientos turísticos, como los define el Plan General de Turismo Sostenible, y ha anunciado que las consejerías implicadas en la materia mantendrán una reunión próximamente con los representantes del sector para “comenzar una línea de trabajo compartida que garantice su buen desarrollo y la seguridad jurídica”.
La Junta también regulará los usos de temporada en las playas, como las zonas de baño y ocio, y en el mar territorial, entendiéndose en este caso las áreas de fondeo o pantalanes flotantes, entre otros.
El Ejecutivo autonómico se encargará igualmente de tramitar las autorizaciones para otros usos que impliquen la ocupación o aprovechamiento del dominio público marítimo terrestre, como la realización de vertidos, las explotaciones de acuicultura, las actividades que requieran instalaciones desmontables durante un periodo superior a un año, las explotaciones de recursos mineros o energéticos, la ejecución de obras fijas en el mar, y las instalaciones menores como embarcaderos, pantalanes o varaderos.
El Gobierno andaluz también asume, en relación con estas autorizaciones, la vigilancia, tramitación e imposición de las sanciones que correspondan, así como la recaudación de las multas.
En materia de inversiones en obras de interés general, se crea una comisión bipartita para la planificación de estas obras. En este sentido, la Junta podrá proponer la incorporación de proyectos de inversiones en el anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Se ha aprobado además, mediante un acuerdo complementario, el traspaso a la comunidad autónoma de un inmueble situado en el Paseo de la Farola número 12 de Málaga. Su uso será compartido por ambas administraciones hasta que se libere por parte de la Junta el edificio ubicado en el número 7 de esa misma vía, donde se ubicarán los servicios dependientes de la Administración del Estado.
El traspaso de las funciones y servicios en materia de ordenación y gestión del litoral representa un coste efectivo de 2.112.922,45 euros y supone el traspaso de 62 puestos de trabajo, de los que 18 son funcionarios y 44 personal laboral.
