Madrid. La inminente reforma de la Audiencia Nacional tiene en un sinvivir a los jueces, fiscales y funcionarios de este organismo judicial. La razón, no se quieren mudar, ni siquiera de forma temporal, desde el centro de la capital, en la calle de Génova, junto a la plaza de Colón y el paseo de la Castellana, a un edificio en el polígono industrial Las Fronteras de San Fernando de Henares, próximo al aeropuerto de Barajas y al centro penitenciario de Alcalá-Meco.
Los jueces han mostrado su preocupación por el eventual traslado porque provocaría “importantes disfunciones que perturbarán las condiciones de prestación del servicio público de la Administración de Justicia”, según recoge el comunicado redactado recientemente para ser enviado a la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional y al Ministerio de Justicia, y piden que se localice un edificio alternativo en la capital. En este sentido, se ha valorado el traslado a las calles de Goya y de Prim, aunque plantean probemas logísticos y de seguridad. Además, en la misiva apelan a la “propia idiosincrasia y organización del servicio prestado por estos juzgados centrales, absolutamente dispar al propio de la Sala de lo Penal”.
La remodelación del inmueble que acoge las dependencias de la Audiencia Nacional permitirá la digitalización de todos los documentos y la modernización general de las instalaciones, con demolición parcial incluida lo que prolongará las obras durante un mínimo de año y medio, y todavía no existe decisión tomada respecto a que la Audiencia retorne al nuevo edificio ya rehabilitado o se buscará otro emplazamiento.
El edificio de San Fernando, inaugurado hace casi dos años, dispone de 7.300 metros cuadrados y alberga dos salas de vistas, con capacidad para más de 60 abogados y un centenar se asistentes; además de salas de prensa, radio, salas polivalentes o calabozos. Está protegido desde el año 2002 por su valor arquitectónico. Era propiedad del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) hasta que fue adquirido, a solicitud del Ministerio de Justicia, por la Dirección General del Patrimonio del Estado. Su rehabilitación costó más de 11 millones de euros.
