onLygal da un paso más en la protección legal a propietarios ante una ocupación ilegal

Mayor preocupación entre los propietarios de segundas residencias

• Más de la mitad de las personas consultadas (53%) muestran preocupación porque le ocupen su vivienda o la de algún familiar cercano; y al 54% le preocupa que se ocupe una en su edificio o comunidad.
• Entre las preocupaciones asociadas a la ocupación destacan tener que afrontar los destrozos ocasionados en el inmueble (66%), los gastos de los suministros utilizados por los ocupas (29%), los costes de un alojamiento alternativo (26%), y los de los servicios de los abogados para recuperar la propiedad (19%).
• La compañía dobla ahora sus garantías al propietario: la defensa jurídica y la compensación económica.

Atenta siempre a la realidad social y a las necesidades de la población, onLygal, la compañía especializada en soluciones legales de protección jurídica y servicios legales, ha evolucionado su seguro de protección ante la ocupación ilegal de un inmueble.

Con ello, responde a las necesidades detectadas en su Informe “Los españoles ante el fenómeno de la ocupación ilegal” que, realizado a escala nacional, pone de manifiesto que el miedo a la ocupación ilegal crece en los últimos años y con ello la necesidad de los propietarios de estar protegidos.

Más de la mitad de las personas consultadas (53%) muestran preocupación porque le ocupen su vivienda o la de algún familiar cercano; y el 54% se siente preocupado de que ocupen una vivienda en su edificio o comunidad. De hecho, una de cada cuatro personas en España declara haber vivido la ocupación de una vivienda próxima a su residencia habitual entre 2022 y 2023.

“Con el fin del verano y el retorno a la residencia habitual aumenta la preocupación de los propietarios respecto a una posible ocupación de su segunda residencia”, señala Natàlia Mañas, responsable del Centro de Asistencia Jurídica de onLygal.

Entre las preocupaciones ante una posible ocupación de la vivienda señalan tener que hacer frente a los destrozos ocasionados en el inmueble (66%), los gastos asociados a los suministros utilizados por los ocupas (29%), los costes de alojamiento en una vivienda alternativa (26%), así como los de los servicios de abogados para la recuperación de la propiedad (19%). La experiencia cercana a la ocupación aumenta en un 25% esta última preocupación.

Mayor protección y seguridad para los propietarios

Aunque los seguros antiocupación como medida de protección ante posibles ocupaciones ilegales están poco extendidos en nuestro país, el Informe de onLygal señala también que 1 de cada 4 de las personas consultadas ve bastante o muy probable contratar uno; siendo la probabilidad más alta para el 33% de quienes disponen de otra residencia además de la vivienda habitual y para el 26% de quienes han tenido una experiencia directa o cercana con la ocupación, hecho que acrecienta de forma significativa su preocupación.

Por comunidades autónomas, destaca, por encima de todas, la extremeña (40%) cuyos habitantes declaran estar más dispuestos a contratar este tipo de seguros. Le siguen Murcia (31%), Andalucía y Madrid (28%), así como Aragón, Castilla-La Mancha y País Vasco (27%).

Con todos estos datos y la experiencia acumulada tras más de 65 años protegiendo legalmente a sus más de 3,5 millones de clientes, onLygal ha reformulado la protección que ofrecía en materia de ocupación hasta ahora a los propietarios de inmuebles, tanto para la vivienda habitual y segunda residencia que quede desocupada durante periodos de tiempo prolongados, como para otras tipologías de vivienda (vacías o puestas en alquiler) gracias a una solución que cubre todas sus necesidades y preocupaciones ante este tipo de situaciones.

Asesorando y acompañando al propietario durante todo el proceso en caso de ocupación ilegal de su vivienda, esta solución de onLygal cubre la defensa de los intereses del asegurado frente a la ocupación tanto en la vía penal (delitos de allanamiento y usurpación) como por la vía civil para la recuperación de la posesión; además de asegurar el pago de prestaciones económicas en caso de producirse la ocupación. La solución se presenta en tres modalidades:

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