«Cada vez son más los vecinos que a título particular quieren disponer de un vehículo eléctrico y aparcarlo en su plaza de garaje, decisión que, aunque es loable desde el punto de vista medioambiental, está planteando no pocos problemas en las comunidades de propietarios», señala Apolonio Dorado, vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid (CAFMadrid).
Según estimaciones del Colegio, este tipo de vehículos ya está presente en una de cada 10 comunidades de propietarios, fundamentalmente de nueva construcción pero también en edificios residenciales existentes. «Se han incrementado un 150% las consultas sobre su instalación en nuestra asesoría técnica industrial», apuntan.
Aunque el Gobierno aprobó modificaciones en la Ley de Propiedad Horizontal (LPH), estableciendo que para instalar un punto de recarga de vehículos eléctricos para uso privado en el aparcamiento del edificio sólo se requiere comunicar previamente su instalación a la comunidad y asumir los costes que esto implica, la realidad es muy distinta.
Según Dorado, «las canalizaciones han de transcurrir desde el cuarto general de contadores hasta el punto de recarga de esa plaza de garaje y no siempre se decide el trazado en base a los intereses del resto de vecinos, lo que está produciendo una amalgama de cables similares a las que todavía tienen muchas fachadas antiguas, con el riesgo eléctrico que ello puede suponer».
La Ley prevé, no obstante, que la comunidad de propietarios pueda fijar normas de régimen interno en el que se establezcan criterios comunes de trazado de canalizaciones para todos los propietarios interesados. «Sin embargo», aseguran desde el CAFMadrid, «no siempre se llega a este tipo de acuerdos porque algunas comunidades viven el día a día y no ven a futuro. Además, en muchas ocasiones supone realizar una reforma de la instalación eléctrica común para disponer de varios puntos de recarga, con los costes que acarrea para todos los vecinos y no sólo para los interesados, algo que no entienden en comunidades pequeñas o con residentes de avanzada edad», añaden.
Esta institución aconseja la intervención eficaz de las Administraciones Públicas con un plan Movalt para comunidades de propietarios, similar al Movalt Infraestructuras que dispone de ayudas públicas a administraciones y empresas públicas y privadas para la instalación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos. O que, al menos, parte de ese programa de ayudas para empresas privadas vaya destinado obligatoriamente a la implantación de las canalizaciones y puntos de recarga necesarios en los garajes comunitarios, para que cualquier propietario que después se quiera «conectar» únicamente tenga que aceptar las condiciones de la empresa suministradora.
