domingo, 20 abril 2025
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Barcelona sanciona con más de 7 millones a FCC por fraude en el servicio de limpieza y recogida de residuos

El Ayuntamiento de Barcelona ha querido transmitir dos mensajes (confianza y contundencia) con el expediente sancionador por el incumplimiento del contrato en los servicios de limpieza y recogida de residuos por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), cuantificado en el pago de más de 7 millones de euros.

Confianza, porque se han tomado las medidas oportunas para que no se vuelvan a repetir los hechos, y contundencia porque no se tolerará el fraude en los servicios municipales y, en caso de que se produzcan, ha afirmado el teniente de alcaldía de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia, Jaume Asens, «seremos implacables».

«Se ha producido un daño ambiental y social muy grave que ha supuesto un gran sobrecoste», ha afirmado Asens. El expediente sancionador establece que FCC tendrá que pagar más de 7 millones de euros que corresponden a sanciones y al resarcimiento de los servicios no prestados y los daños y perjuicios.

Esta cifra representa el máximo nivel sancionador posible, según la normativa vigente. En concreto, las sanciones son de 2,94 millones de euros por falsear certificaciones, modificar los servicios sin justificar, no prestar servicios de limpieza, transportar una parte de los residuos a plantas que no les correspondía y separar mal los residuos. Y 2,11 millones por no informar de los servicios de limpieza no prestados y de los prestados con un número inferior de personas, entre septiembre del 2013 y diciembre del 2015.

Y con respecto al resarcimiento y a los daños y perjuicios, se pide 1,26 millones de euros por los servicios de limpieza certificados entre septiembre del 2013 y diciembre del 2015 no prestados totalmente o realizados con un número inferior de personas. Y 852.486 euros en concepto de daños y perjuicios, ya que la mezcla de residuos afecta negativamente a las políticas de reciclaje y la percepción ciudadana en este tema.ç

Haciendo historia, en noviembre del 2016, el Ayuntamiento de Barcelona tuvo conocimiento de indicios de un presunto fraude por parte de la empresa contratista Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), en el ámbito de la limpieza y la recogida de residuos en los distritos de Gràcia y l’Eixample.

A partir de la información facilitada, se abrió un expediente informativo para poder llevar a cabo una investigación, en la que se detectaron indicios de fraude, por lo que se entregó la información a la Fiscalía de Cataluña.

En abril del 2017, el Ayuntamiento de Barcelona cerró el expediente informativo acreditando que FCC alteró el precio del contrato de limpieza del espacio público y recogida de residuos municipales en la ciudad de Barcelona, e incumplió el contrato.

Una vez cerrado el expediente informativo, se abrió un expediente sancionador que tenía que determinar, en un plazo máximo de tres meses, la responsabilidad contractual en la que se había incurrido. Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Barcelona, a través de la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas, facilitó las conclusiones del expediente sancionador a la Fiscalía de Cataluña que investiga los hechos.

Los servicios jurídicos municipales y la Oficina de Transparencia y Buenas Prácticas estudiaron las alegaciones presentadas por FCC en relación con la propuesta de resolución del expediente sancionador y de reclamación de daños y perjuicios, y las ha desestimado.

Durante todo el proceso se han incrementado las medidas para implantar el control del servicio (GPS, fichaje digital de los trabajadores, sistemas de trazabilidad de la ruta) y se trabaja para crear una plataforma de acceso público a los datos del servicio y nuevas cláusulas administrativas para endurecer todavía más el control y el régimen sancionador de la nueva contrata.

El expediente sancionador por el incumplimiento del contrato en los servicios de limpieza y recogida de residuos por parte de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) es independiente de los otros expedientes informativos abiertos a la empresa por el incumplimiento del contrato en los servicios de limpieza y recogida de residuos.

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