El Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Baleares ha organizado el XVIII Congreso Nacional de Administradores de Fincas en la ciudad de Palma de Mallorca, que se ha celebrado durante los días 5 al 7 de junio y que fue inaugurado por José Ramón Bauzá, presidente del Gobierno de las Islas Baleares; Mario Garcés, subsecretario del Ministerio de Fomento; Pedro Mayol, presidente del Colegio de Baleares; y Salvador Díez, presidente del CGCAFE, quienes resaltaron el papel fundamental desempeñado por los Administradores de Fincas Colegiados en materia de vivienda.
José Ramón Bauzá reconoció y destacó “el importante papel que los Administradores de Fincas Colegiados realizan, en un contexto de crisis como el actual, porque son una pieza clave en nuestra sociedad, y la prueba está en que cada vez más comunidades de propietarios demandan sus servicios”. En la misma línea se mostró el subsecretario del Ministerio de Fomento, Mario Garcés, quién además reconoció “que sin la colaboración de los Administradores de Fincas Colegiados, leyes recientemente aprobadas tan importantes como la de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, no podrían ser aplicadas y desarrolladas”.
Gabriel Company, consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de las Islas Baleares, que clausuró el Congreso junto a los directores generales del Ministerio de Fomento, Juan Van Halen, y del Gobierno de Baleares, Jaume Porsell, alegó que “los ciudadanos encuentran en los Colegios de Administradores de Fincas la garantía de seguridad jurídica y para la gestión económica de los recursos de las comunidades de propietarios, y asumen la responsabilidad de una adecuada aplicación de la normativa jurídica y la conservación y mantenimiento del patrimonio”.
MANUEL ALTAVA RECLAMA LA COLEGIACIÓN OBLIGAGORIA PARA LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS
“El Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales tengo que calificarlo como malo, y estoy convencido de que no se aprobará la Ley o, al menos, en sus términos actuales”. Con estas palabras inició su intervención Manuel Altava, portavoz de la Comisión de Justicia por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y continuó manifestando que “Europa no impone, en ningún caso, las normas que han de desarrollarse para el establecimiento de los Colegios Profesionales, y considero que la profesión de Administrador de Fincas ha de ser colegiada porque es una actividad que afecta al interés general, como garantía de control de la calidad de la profesión y para evitar el intrusismo”.
Los Administradores de Fincas Colegiados han mostrado su disconformidad con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales antes los distintos organismos implicados en su elaboración, y presentado a los distintos Grupos Parlamentarios y Comisiones del Senado y Congreso el argumentario en el que se detallan las razones por las qué la profesión de Administrador de Fincas ha de ser colegiada, como garantía máxima en la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios en materia de vivienda.
LOS ADMINISTRADORES DE FINCAS COLEGIADOS RECAUDAN MÁS DE 24.000 EUROS PARA LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
Durante la celebración del Congreso se recaudaron más de 24.000 euros entre los Administradores de Fincas Colegiados asistentes, los Colegios Territoriales y su Consejo General –CGCAFE-, que irán destinados a la construcción de seis viviendas en Anantapur, en la India, donde la Fundación Vicente Ferrer desarrolla su labor solidarida.
Finalizado el Congreso, Isabel Pizá, representante de la Fundación agradeció, muy emocionada, esta colaboración, tan necesaria para que los derechos humanos se garanticen a través de una mayor justicia social que llega, también, de la mano solidaria de particulares e instituciones como son los Administradores de Fincas Colegiados y los órganos que los representan.
UN AÑO DE PROPUESTAS
Los Colegios de Administradores de Fincas y su Consejo General –CGCAFE- tienen, entre sus funciones básicas, la protección de los intereses de los consumidores y usuarios, y una vez más, y a lo largo del año 2013, se realizaron diversas propuestas para resolver los problemas que afectan a los arrendamientos urbanos y a la propiedad horizontal. De ella destacamos, por su trascendencia en la lucha contra la morosidad en las comunidades de propietarios, la presentada por el CGCAFE solicitando modificar la Ley de Propiedad Horizontal para que el adquirente de cualquier título de una vivienda o local en régimen de propiedad horizontal, respondiera con el propio inmueble adquirido de las cantidades adeudadas a la comunidad de propietarios para el sostenimiento de los gastos generales por los anteriores titulares hasta el límite de los que resultan imputable a la parte vencida de la anualidad en la cual tengan lugar la adquisición y a los tres años naturales inmediatamente anteriores, que recogida en la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, en vigor desde el pasado 28 de junio.
