sábado, 13 julio 2024

Los Administradores de Fincas advierten de la desprotección que supone la Ley de Colegios y Servicios Profesionales

El Consejo de Ministros ha recibido un informe del ministro de Economía y Competitividad sobre el Anteproyecto de Ley de Colegios y Servicios Profesionales, cuyo texto no había sido remitido previamente a las distintas organizaciones colegiadas para su análisis.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas -CGCAFE- anuncia que la desregularización de la profesión de Administrador de Fincas, de tan marcado carácter social y económico, supondrá la desprotección de los ciudadanos en una materia tan sensible como es la vivienda.

Se va a propiciar que este importante pilar del sector inmobiliario -el único que ha pervivido a la crisis actual- se deteriore en los próximos meses provocando destrucción de empleo y poniendo en riesgo la reactivación del sector inmobiliario a través de las últimas leyes aprobadas por el actual Gobierno (Ley de Rehabilitación fundamentalmente) cuyo desarrollo requiere la estrecha colaboración de los Administradores de Fincas Colegiados, que son los profesionales cualificados al efecto.

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El CGCAFE ha realizado recientemente un estudio del impacto económico, social y laboral que la actividad profesional de Administrador de Fincas Colegiado representa en nuestro país, informe que ha sido presentado a las instituciones públicas con competencia en la materia, a los distintos Grupos Parlamentarios en el Congreso de los Diputados, a los responsables del Ministerio de Economía y Competitividad y de Hacienda, entre otros, como un sólido argumento para que la profesión de Administrador de Fincas siga siendo colegiada.

Los datos obtenidos en dicho Informe corroboran que los Administradores de Fincas Colegiados generan alrededor más 15.000 empleos directos y 86.000 empleos vinculados a la actividad, lo que supone el 2,7% del empleo de las profesiones colegiadas en España. Igualmente, generan 2.625 millones de euros para la economía española, y el volumen económico gestionado anualmente supera los 35.000 millones de euros.

Pero no solo se trata de una actividad con un claro componente económico sino que es, además, una profesión que garantiza los derechos de consumidores y usuarios y, en concreto, uno de los reconocidos en la propia Constitución, que es el derecho a una vivienda digna. No en vano los Administradores de Fincas han trabajado para mejorar las condiciones de habitabilidad, sostenibilidad, seguridad, movilidad y accesibilidad en los edificios.

Así, se ha contribuido a que se rehabiliten el 82% de las fachadas de edificios en toda España, facilitando el desarrollo de la reglamentación municipal correspondiente. Se ha luchado, al máximo, para que se instalen más de 24.000 ascensores en las comunidades de propietarios, beneficiando los derechos de las personas con discapacidad para su total inserción social, y lograr reducir los conflictos vecinales gracias a la actividad profesional mediadora.

El crecimiento de la economía y el empleo necesita una regulación equilibrada que dé credibilidad, garantías y confianza, y los Colegios Profesionales aportan todas estas cualidades. Sin duda alguna, los Colegios Territoriales de Administradores de Fincas y su Consejo General no solo las aportan, sino que son los profesionales imprescindibles para que el desarrollo económico en el sector inmobiliario se materialice, para que se apliquen las distintas políticas de vivienda con eficacia y para que esta materialización se haga con todas las garantías de los derechos de los consumidores y usuarios.

El CGCAFE quiere manifestar su total apoyo a lo manifestado por Unión Profesional en su Comunicado de Prensa, donde denunciaba, entre otras cuestiones, que “el proceso pre-legislativo así realizado supone un menosprecio al subsector de servicios profesionales y a los Colegios, que son sus organizaciones de ordenación y control, así como una desconfianza injustificada que se manifiesta en la falta de una efectiva interlocución política y técnica, a pesar de haber sido solicitada en varias ocasiones.

Ello supone llevar a cabo una propuesta legislativa a espaldas del sector, siendo justo lo contrario a lo que se había planteado al inicio de la legislatura, despreciando con ello lo positivo y beneficioso que pueden aportar los Colegios Profesionales españoles que cuentan con su organización estatal y multidisciplinar, Unión Profesional, creada hace 33 años, todo lo cual es impropio de un Estado de derecho”.

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