Madrid. La Comunidad de Madrid protegerá los derechos de los consumidores en materia de vivienda mediante peritajes especializados y avalados por el Colegio Oficial de parejadores. El consejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, ha firmado la renovación del convenio de colaboración con el presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Madrid, Jesús Paños, por el que ambas instituciones se comprometen a colaborar en los peritajes motivados por problemas de los consumidores en materia de vivienda.
A través de dicho convenio, el colegio elaborará y actualizará anualmente una lista de colegiados, con la formación, experiencia y perfil profesional adecuados para el desempeño de labores periciales en los procedimientos sancionadores de consumo relativos al sector de la vivienda y la edificación. Estos procedimientos están motivados por denuncias de consumidores ocasionadas por defectos de construcción y desperfectos en viviendas, entre otras.
Gracias a este convenio, el Colegio de Aparejadores designará por sorteo al técnico perito y visará sus conclusiones en el plazo de cinco días hábiles a la finalización del peritaje. Por su parte, la Consejería de Economía y Hacienda facilitará al colegio todo el material divulgativo que realice para su distribución entre sus colegiados. Además, tanto el colegio como el Gobierno regional se comprometen a colaborar en el diseño de una campaña de difusión dirigida a los colegiados.
El perito técnico designado por el colegio deberá tener una antigüedad igual o superior a 5 años de ejercicio de la profesión, o en su defecto, acreditar una formación específica en el conocimiento de patologías de las edificaciones, o formación específica en arbitrajes, peritaciones judiciales y reclamaciones de daños.
Durante el año 2011, las reclamaciones de consumidores en materia de vivienda han representado el 2,35% del total de las presentadas en la Comunidad de Madrid y el 17% de los expedientes sancionadores resueltos. Las reclamaciones en este sector versan principalmente sobre defectos en la construcción, incumplimientos de contratos o facturación incorrecta.
Manglano resaltó la importancia de garantizar una adecuada formación, tanto de los colegiados, en relación con los derechos de los consumidores, como de los técnicos de consumo, en cuanto a la materia de vivienda. Por este motivo el consejero valoró positivamente la colaboración y el compromiso de las administraciones públicas en la mejora de la calidad de los servicios que se plasma en este convenio.
Para el consejero de Economía y Hacienda, la puesta en marcha de este convenio “va a suponer la práctica de valoraciones periciales cualificadas que, sin duda, aportarán el conocimiento necesario para dirimir aquellas controversias que en materia de vivienda se plantean entre consumidores y empresarios”.
