Aguirre busca 500 millones con la venta de 9.200 pisos del Ivima

Madrid. Ayer fueron los peajes en las autovías o la restricción de las subvenciones a las ONG. Lo que sea para tratar de reducir el gasto público. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, lo tiene claro, y no pasa un día sin que aproveche la oportunidad de lanzar cualquier misiva al respecto. Hoy, en cambio, más allá de especulaciones más o menos fundadas, sí ha tomado el Consejo de Gobierno regional una medida con visos de poder surtir el efecto deseado.

Se van a poner en venta los pisos más antiguos del Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima), para que sus inquilinos los puedan comprar. De venderse los 9.155 pisos previstos–el 40% del parque residencial con que cuenta el organismo público madrileño–se ingresarían unos 500 millones de euros. La venta, además, llevaría aparejada la reducción de impuestos. Solo por el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Ivima vien pagando unos diez millones de euros anuales.

Pero, como siempre, la financiación será el caballo de batalla a superar. Para ello, el Gobierno regional va a negociar con las entidades para que faciliten créditos en condiciones preferentes, de forma que les quede una cuota hipotecaria a pagar ajustada a la renta que ahora abonan por el alquiler de sus casas.

Entre las condiciones para comprar estas viviendas, la de la fecha, solo hasta el próximo 31 de diciembre de 2012. Quedan fuera los pisos del Plan Joven, que cuentan ya con una futura opción a compra, u otros casos con derechos de superficie por parte del Instituto o casos conflictivos que no son enajenables. Las familias deberán llevar una media de once años como inquilinos, con un buen historial de pagos y que paguen una renta media de 227 euros.

Si las familias optan por esa opción, el Ejecutivo regional ofrecerá las viviendas en condiciones de precio asequible particularizado a cada familia, de modo que las casas se ofertarán con precios un sesenta por ciento más baratas que en el mercado libre, y se descontará del precio final las rentas que las familias han pagado en concepto de alquiler durante los últimos dos años.

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