Madrid. A poco más de un mes vista para que a la inmobiliaria Reyal Urbis, presidida todavía por Rafael Santamaría, le venza el plazo del procedimiento preconcursal, parece descartada la opción –si es que alguna vez se planteó– de que los bancos acreedores la dejen caer a su suerte y tengan que apechugar con una quiebra por esos 4.000 millones de euros imposibles de recortar. Un agujero que nadie está dispuesto a asumir.
Un megaconcurso que la mayoría de los acreedores –sobre todo Santander y Bankia, titulares conjuntos de la tercera parte del principal crédito sindicado de 3.000 millones de euros– no se plantean, aunque sí existan otras entidades, menos expuestas, que no pondrían ningún impedimento, como ya es pusieron de manifiesto hace tres meses. En ese tira y afloja, cobra fuerza la ‘vía Metrovacesa’. Primero, troceamos la compañía, nos repartimos sus activos y, después, la excluimos de la Bolsa.
Se trataría de cerrar el proceso abierto hace hoy justo tres meses, cuando el consejo de administración de Reyal Urbis acordó, por unanimidad, acogerse a lo previsto en el artículo 5 bis de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, e iniciar, con ello, las negociaciones para alcanzar un acuerdo de refinanciación o, subsidiariamente, para obtener adhesiones a una propuesta anticipada de convenio.
Así las cosas, el primer paso para esa solución ‘a lo Metrovacesa’ pasaría por repartirse los activos. Asunto no menor ya que no todos están por la labor y los que lo están, lógicamente, quieren quedarse los mejores. Aquellos ya consolidados o en marcha, como ese ese proyecto de Castellana 200 que ha empezado a generar rentas, y no esos suelos que nadie quiere ver ni en pintura.
Según la última valoración de los activos de Reyal Urbis, realizada por Jones Lang Lasalle a 30 de junio del pasado año, estos activos contabilizaban casi 4.200 millones de euros, de los que 3.260 millones procedían de terrenos o inmuebles terminados. Además, cuenta con una cartera de activos en renta, con una superficie de casi 190.000 metros cuadrados, valoradas en algo más de 500 millones de euros, entre ellos el centro comercial ABC Serrano o el conjunto de oficinas en la avenida de San Luis, ambos en Madrid.
Cerrada la dación en pago y tomado el control de la compañía, esta quedaría expuesta a un deambular hierático por el mercado bursátil, con un mínimo de activos para seguir adelante, lo que la llevaría sin remedio a una OPA de exclusión, como ha ocurrido con Metrovacesa. Se trataría de ahorrar los costes que supone mantener una empresa cotizando y evitar la penalización del mercado a las compañías del sector.
