Sevilla. La primera ha resultado claramente insuficiente, y por ello las empresas constructoras andaluzas han vuelto a llamar a la puerta del Gobierno presidido por José Antonio Griñán, para pedir un segundo plan a proveedores, en el que tengan cabida las facturas impagadas, correspondientes en su mayoría a modificados de obras, certificados por los propios técnicos de la administración autonómica. Se trata de facturas por trabajos hechos, en algunos casos, hace más de tres años y que siguen hoy sin el respaldo de una concreta partida presupuestaria.
Tampoco se sabe de modo certero el alcance económico, aunque algunas cuentas elevan la cantidad hasta los 1.000 millones de euros. De momento, las empresas agrupadas en la patronal Ceacop han depositado en el Registro de la Consejería de Hacienda más de cien reclamaciones por un montante de unos 60 millones de euros, que deberán ser evaluadas en un plazo de dos meses. Si después del verano la respuesta negativa, los empresarios no descartan canalizar la reclamación a través de la vía contencioso-administrativa.
Pero los 60 millones no dejan de ser un anticipo de las facturas que los empresarios se temen que hay sin pagar. Según sus cálculos, la deuda pendiente de pago está en función de las cantidades que se acogieron al plan de proveedores inicial, debido a la falta de información detallada sobre quienes recibieron los 2.700 millones pagados por la Junta. Solo se supo que el 97% fueron a parar a empresas del sector sanitario, por lo que los constructores se temen que los impagos estarán entre 800 y 1.000 millones de euros.
Los pagos son más necesarios que nunca para evitar que se siga destruyendo empleo con el cierre de más empresas. Ya han sido más de 350.000 trabajadores del sector de la construcción los que se han quedado sin empleo en Andalucía, y, dadas las perspectivas para el presente ejercicio, existe el riesgo de que otros 200.000 empleados sigan el mismo camino en los próximos meses.
