Madrid. La próxima semana se cumple un año desde que el juez dictara sentencia favorable a la nueva propuesta de convenio de acreedores, lo que suponía el final del concurso de Martinsa-Fadesa. Pero la empresa presidida por Fernando Martín –que acaba de perder el pleito con Manuel Jove en el que reclamaba una indemnización de 1.576 millones de euros por la valoración que en su día se hizo de Fadesa–, sigue sin cotizar en bolsa. No lo hará hasta que se resuelvan favorablemente sendos recursos de apelación contra la sentencia presentados por el banco japonés Shinsei y el fondo de inversión JER Valencia, por considerar que no se les puede obligar a canjear deuda por acciones, como se recoge en el convenio.
Esto no deja de ser un mero trámite judicial. Pero lo más peliagudo, dada las perspectivas de negocio del sector inmobiliario en España, es saber si la empresa está en condiciones de asumir el plan de pagos fijado para pagar la deuda concursal de casi 7.000 millones de aquí a 2021.
“La capacidad del Grupo para continuar su actividad, realizar sus activos y liquidar sus pasivos está condicionada fundamentalmente a la aprobación definitiva del nuevo convenio de acreedores, al cumplimiento del plan de pagos incluido en dicho convenio, al del plan de viabilidad y a la obtención de la financiación necesaria”. Mil y un condicionantes los recogidos por la auditoria Ernst&Young.
Viabilidad que pasaría por vender activos “con determinados descuentos medios sobre el valor de tasación de los suelos y patrimonio”, según comenta la propia empresa, para afrontar el pago de la deuda, aunque no los intereses ni el préstamo participativo ni los préstamos subordinados. Y sólo, en el más que improbable escenario de la que la recuperación del mercado lo permitiera, podría hacer frente al pago total de la deuda si el valor de los activos recuperara parte de los más de 3.000 millones en los que se han depreciado desde el inicio de la crisis.
Una situación, la de que el mercado se recupere, que hasta la propia empresa pone en duda. “Dado que la capacidad del Grupo para atender la deuda está condicionada al valor de los activos y su posterior venta, las actuales condiciones del mercado podrían afectar de forma negativa al cumplimiento de los compromisos contraídos”, reconoce.
