El pasado martes la Comisión de Justicia del Congreso aprobó una proposición que agilizaría el proceso de desahucios de viviendas ocupadas de forma ilegal. Esta medida fue propuesta por PDeCAT y apoyada por el PP, Cs, PDeCAT y PNV (en contra votaron PSOE, ERC y Unidos Podemos). Y está de camino al Senado donde se decidirá su aprobación, aunque la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en la Cámara Alta hace pensar que es probable que se apruebe.
Con esta ley se beneficiarán personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y «entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social».
¿Qué cambia respecto la ley actual?
Los ocupantes recibirán notificación, y valdrá para cualquiera, es decir, para los que la reciban y para los que no. Éstos sólo se podrán oponer frente a la notificación aportando un contrato, pacto o autorización para vivir en ese inmueble. Si no justifican la existencia de este título se dictará auto y se deberá entregar la vivienda de forma inmediata. Marina Barriendos, abogada de ARAG, explica que «no habrá citación a juicio (evitando esos señalamientos a 8 meses vista), ni suspensiones de esos juicios (y vuelta a señalar a 8 meses vista más), sino que directamente se ordenará su salida consiguiendo mayor rapidez en la tramitación y, de paso, aligerar de carga a los Juzgados».
Si no se cumple con el auto, en un plazo de 5 días, se dictará sentencia «de inmediato» con la posibilidad de pedir su ejecución inmediata pidiendo fecha para echarlos. «Aunque se agiliza el proceso, tal vez se podría haber agilizado más si en el mismo auto se dieran 5 días y ya se marcara fecha de lanzamiento para el incumplimiento», añade la abogada de ARAG.
Con este método se obligará a las administraciones públicas a que adopten protocolos con «medidas ágiles de coordinación y cooperación» para prevenir situaciones de exclusión residencial a casos de vulnerabilidad. Uno de los más destacados es que asistencia social deberá responder en 7 días para dar solución a los ocupas que sean vulnerables. Según Marina Barriendos, «esta reforma, que por fin intenta dar respuesta a la ocupación ilegal, también plantea incógnitas», el hecho de dar por notificado a cualquiera, limita el derecho de defensa y a tutela judicial efectiva del que no está o que se puedan llevar a cabo plazos tan cortos de respuesta por parte de asistencia social como el mencionado de 7 días ya que no parece que con los medios actuales sea posible. En cuanto al hecho de que se regulen 2 resoluciones ejecutivas seguidas (auto y sentencia posterior), apunta, «sería mejor que en el mismo auto se señalase el lanzamiento, para evitar dilaciones». En esta medida se echa en falta la autorización a los propietarios a dejar de pagar consumos si acreditan la ocupación de sus viviendas, o de poder darlos de baja sin verse expuestos a una denuncia por coacciones por parte de los ocupas. Barriendos añade que «aunque se ha sacado adelante el proyecto, ahora es el momento de presentar recursos, con lo que veremos qué es lo que se aprobará finalmente».