Una de las primeras cuestiones que el equipo de Manuela Carmena pudo comprobar, nada más llegar al Ayuntamiento de Madrid, fue la existencia de algunos contratos de alquiler que el consistorio estaba pagando, y que suponían un coste anual excesivamente elevado.
La anterior alcaldesa Ana Botella ya se había dado cuenta de ello -la herencia viene desde los tiempos de Alberto Ruiz-Gallardón como alcalde de la capital-, y se había puesto manos a la obra para que la factura por este concepto se redujera lo máximo posible.
De esta forma, rescindió cuatro contratos de alquiler en los últimos meses de su mandato. Ahora, el nuevo Ayuntamiento dirigido por Carmena ha sumado otras tres rescisiones y tiene previsto no renovar ocho que vencen en lo que queda de 2015. Será un total de casi 13 millones los que Madrid se ahorre en el pago de rentas de alquiler durante el presente ejercicio.
El alquiler más caro que se ha rescindido ha sido el de Julián Camarillo 6, en San Blas, que albergaba la sede del Área de Seguridad. Se ha producido un traslado a la Casa de Campo, una decisión que ya había sido tomada por el gobierno de Ana Botella, que había iniciado el proceso de ahorro de alquileres para aliviar la enorme deuda heredada por Alberto Ruiz Gallardón.
Otro alquiler oneroso ha sido el de Ortega y Gasset, 100 que albergaba la sede de Servicios Sociales. Fue un capricho personal de la propia alcaldesa Ana Botella, que gastó 41 millones en la remodelación de la sede, en pleno barrio de Salamanca. El inmueble es propiedad de la inmobiliaria Colonial.
El traslado de Madrid Salud, también decidido durante el gobierno anterior, supondrá un ahorro de 2,2 millones de euros. El Ayuntamiento tendrá más dificultades para zafarse de contratos blindados como el de la concejalía de Hacienda en la calle de Alcalá 45.
La propia Manuela Carmena ha anunciado su intención de ahorrar en alquileres aprovechando el espacio de los actuales edificios municipales. En la planta noble diseñada por Gallardón en el Palacio de Cibeles, los arquitectos municipales han calculado que cabe la posibilidad de habilitar espacio para 400 funcionarios.
El objetivo es revisar el sistema de alquiler de locales, edificios, plazas de garaje y otros inmuebles que detrae recursos presupuestarios a las arcas municipales. Se trata, en muchas ocasiones, de arrendamientos prescindibles si se emplean de manera más eficiente las dotaciones municipales.
Desde el Área de Economía y Hacienda se hacen públicas las fechas de vencimiento y/o rescisión de los citados contratos y el estado de tramitación en el que se encuentran. Cuatro de esas quince rescisiones de contratos fueron finalizadas a principios de 2015, es decir, en fecha anterior a las elecciones municipales. La cuantía de esos contratos es un 5,32% de los 12.678.904 euros ahorrados en este año.
En el caso de los contratos pendientes, podrían registrarse leves variaciones en las fechas, motivadas por el transcurso de las negociaciones o las gestiones necesarias para posibilitar el traslado de personal y equipamiento a inmuebles municipales.
