No para la polémica en torno a las viviendas vacías en manos de las entidades financieras y su salida en parte de ese stock para cumplir con la función social de la vivienda. Mientras en Andalucía siguen multando a los bancos, en el País Vasco no están por la labor de meter mano en este sentido.
En la Cámara Vasca se logró incluir una proposición de Ley de Vivienda para llegar a la expropiación forzosa a los bancos de las viviendas que hayan obtenido por medio de desahucios para que sigan en manos de las familias bajo un régimen de alquiler, pero al final no saldrá adelante
La medida busca no quitar la propiedad a las entidades financieras, sino una expropiación temporal de uso siempre y cuando el desahucio es por una causa de fuerza mayor.
"Se considera que concurre causa de interés social que legitima la expropiación forzosa del uso temporal de viviendas, el proporcionar cobertura a la situación de necesidad de vivienda de personas en especiales circunstancias de emergencia social afectadas por un desahucio por ejecución hipotecaria. En estos casos, podrá expropiarse el uso de la vivienda por un plazo máximo de tres años a contar desde la fecha del lanzamiento acordado por el juez, en el caso de los desahucios instados por entidades financieras, en los cuales resulte adjudicatario del remate una entidad financiera, o sus filiales inmobiliarias o entidades de gestión de activos".
Mientras, la Junta de Andalucía prosigue con las multas a las entidades por incumplir la función social de sus viviendas. Tras la recibida por la Sareb, el Banco Popular y el Sabdell también han sido sancionados con 5,82 millones de euros y 120.000 euros, respectivamente.
En el caso del Popular, el número de viviendas sin ofrecer a los registros que ha acreditado la consejería es de 97; en el caso del Sabadell, dos. La sanción es de 60.000 euros por vivienda, al constituir cada omisión del deber de cederla al registro una infracción muy grave de la Ley de Vivienda Protegida.
La Junta señala que los registros municipales establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de inmuebles de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a los mismos bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia.
El departamento que dirige Elena Cortés mantiene abiertos además expedientes sancionadores a otras seis entidades financieras, por un total de 5,1 millones de euros. Se trata del BBVA (1,62 millones por 27 viviendas protegidas supuestamente no ofrecidas a los registros correspondientes), Building Center (1,56 millones por 26 viviendas), Unión de Créditos Inmobiliarios (780.000 euros por 13 viviendas), Banco Santander (660.000 euros por once viviendas), Servihabitat (360.000 euros por seis viviendas) y Anida Operaciones Singulares (120.000 euros por dos viviendas). Estos expedientes se encuentran en fase de evaluación de las alegaciones previa a la emisión de la resolución.
