La ciudad alicantina de Benidorm, con más de 70.000 habitantes, se ha comprometido, en respuesta a una moción presentada por el grupo socialista –apoyada por unanimidad por la totalidad de los ediles de la corporación presidiad por el PP – a poner en marcha una serie de medidas para, en la medida de lo posible, tratar de que las familias con problemas económicos no se vean en la encrucijada de ser desahuciados.
A partir de ahora, habrán de darse los pasos para crear un registro municipal de viviendas públicas y privadas de alquiler social y otro de solicitantes, aplazar pagos de tasas municipales ante riesgo de desahucio, paralizar embargos relacionados con impagos de tributos locales a través de una negociación con la empresa municipal SUMA, asegurar el suministro de agua y luz con las entidades concesionarias, instando incluso a llegar a acuerdos de condonación del pago o incrementar la partida de ayudas para pagos básicos de las familias en los presupuestos de 2015.
En los últimos dos años, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha negociado con bancos 300 desahucios, 70 de ellos en la capital de La Marina Baixa. La Comunidad Valenciana es la tercera autonomía que más ejecuciones hipotecarias lleva a cabo, según los datos del Consejo del Poder Judicial del primer trimestre de 2014. De las 4.282 ejecuciones realizadas (el 16% del total nacional), 2.021 fueron de viviendas.
El asunto venía tomando cuerpo desde el pasado verano, cuando se impidió el acceso al Ayuntamiento y al Pleno de Presupuestos a miembros de la plataforma y otros colectivos sociales que reclamaban más ayudas a la entidad local. No obstante, la iniciativa está en consonancia con los proyectos impulsados en otras ciudades como Ontinyent, Alaquàs, Alcoy o Villarreal.
La medida entra en contradicción con las medidas introducidas por el Gobierno central, que, hasta ahora, han resultado insuficientes para frenar unos desahucios que en España han aumentado un 13% respecto a 2013.
El PSPSV ya intentó en las Cortes Valencianas modificar la ley de la vivienda, pero la mayoría absoluta del Partido Popular no permitió su debate aduciendo que no llevaba una memoria económica adjunta.
La modificación evitaba el 60% de los desahucios valencianos a través de un sistema de alquiler social entre la Generalitat, las entidades financieras y los afectados, quienes tendrían derecho a un alquiler social con opción a compra, lo que permitiría evitar la dación en pago, cuyas plusvalías han de pagarlas también los desahuciados.
