La modificación puntual que ha permitido al Grupo Villar Mir, presidido por Juan Miguel Villar Mir, abordar la remodelación de la manzana de Canalejas, en el centro de Madrid, tras comprar al Banco Santander sus antiguos edificios históricos, va a tener que pasar por los juzgados. Y por partida doble.
A la inicial querella interpuesta ante el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte por parte de Madrid, Ciudadanía y Patrimonio, una asociación que busca proteger el patrimonio histórico de la Comunidad de Madrid, se acaba de añadir una segunda. La que ha firmado el grupo vasco Restauración & Alojamiento Palace Gestión (R&A Palace Gestión), que hace cinco años presentó una oferta para comprar los edificios propiedad del banco presidido por Emilio Botín.
R&A Palace Gestión llegó a ofrecer 350 millones de euros por los edificios, pero las dificultades de financiación le impidieron presentar un contrato de gestión que garantizase el pago, a pesar de que habían adelantado una señal de 42 millones.
Con posterioridad, el grupo vasco iniciaron un periodo de venta por internet valorando la manzana en 675 millones (525 por los edificios y 150 más por la remodelación, que duraría cuatro años) pero ninguna operación llegó a cuajar, quedándose sin la comisión de calado que le hubiera correspondido.
R&A era la tercera compañía que tuvo que echarse atrás en la adquisición de este complejo desde 2005. Anteriormente ya lo intentaron un consorcio participado por el sultán de Brunei y el promotor catalán Antonio Martín, pero tampoco pudieron presentar los avales suficientes con los que hacer frente al pago de las cantidades exigidas.
Ahora, en la denuncia presentada ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el grupo inversor vasco ha solicitado, como medida cautelar, que se paralicen los trabajos hasta que se resuelva la denuncia.
Querella basada en la decisión del Ayuntamiento de Madrid de cambiar el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad para permitir el proyecto de centro comercial y hotel de lujo que está construyendo OHL en la zona.
Modificación justificada por el Ayuntamiento al considerar que la zona tenía las características de un Plan Especial de Protección sobre Bienes Inmuebles. Un extremo con lo que R&A muestra su total desacuerdo, al considerar que las obras iniciadas van a provocar justo lo contrario, la destrucción del patrimonio.
