El consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, Javier Fernández, ha reiterado que las 835 familias afectadas con sentencia de derribo tienen sobre la mesa una solución a su situación. Fernández, que ha comparecido en rueda de prensa acompañado por los alcaldes de Arnuero, José Manuel Igual, y Argoños, Juan José Barruetabeña, ha asegurado que "esa justa reivindicación tiene una justa solución" y, según sus palabras, esto se acerca mucho a lo que "llamamos justicia material".
Así, ha explicado las cuatro vías que se les ha ofrecido. En primer lugar la figura de las autorizaciones provisionales a la cual se puedan acoger 449 viviendas. En segundo lugar, y en el caso de las 386 viviendas que van a ser derribadas, la sustitución casa por casa por otra nueva con la misma memoria de calidades, en tercer lugar, en el caso de que no quieran otra vivienda, se recurrirá a la figura del arbitraje para que sea un perito neutral quién decida el valor de las viviendas y evitar así "un peregrinaje" por los juzgados.
Por último, ha dicho, en el caso de que no se llegue a un acuerdo, siempre podrán ir a los Tribunales y que sean ellos los que fijen la cuantía que será, como en una sentencia reciente, lo que figura en las escrituras con el IPC actualizado. Aunque se ha mostrado confiado de que esto no ocurra ya que no sería tan beneficioso como lo que les ofrece el Gobierno.
El titular de Urbanismo ha afirmado que esto "no son palabras huecas y vacías, son realidades" y ha explicado que es en estos Ayuntamientos en los que se están dando estos primeros ya que entre los dos suman 399 viviendas afectadas.
En relación con Arnuero ha dicho que es un caso "paradigmático" ya que, para la sustitución de vivienda por vivienda, el Ayuntamiento aprobó en un tiempo "record" el Plan General de Ordenación Urbana que contempla la demolición de las 144 viviendas de La Arena y su nueva construcción. Asimismo, ha dicho que esta misma semana el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado el Plan Parcial para la construcción de las nuevas casas en Bucarrero.
En este caso la Hoja de Ruta que se marcó este Gobierno al inicio de la legislatura sigue su camino y ha habido "avances muy significativos". "En 2018 las 144 viviendas de La Arena serán demolidas y los vecinos que así lo quieran tendrán una vivienda nueva de sustitución".
Tanto el consejero como el alcalde de la localidad, José Manuel Igual, han señalado que todo esto ha sido posible gracias al acuerdo al que llegaron las dos administraciones el demandante, en este caso ARCA. En cuanto a algunos comentarios que se han realizado en relación a la pérdida de valor de las propiedades, el alcalde de de Arnuero ha dicho que todos los españoles hemos visto como se devaluaba más de un 30% el precio de nuestra vivienda, ya que hace unos años existía una burbuja que hoy no existe".
Otro de los asuntos a los que ha hecho mención ha sido el reparto de las responsabilidades patrimoniales que tendrán que dilucidar los tribunales. Fernández ha explicado que en Arnuero se ha llegado al acuerdo de que el ayuntamiento se va a hacer cargo de las demoliciones y de los gastos administrativos derivados de las licencias y que el Gobierno va a construir las viviendas. "Después ya nos las arreglaremos", ha exclamado.
Para Fernández un Ayuntamiento es la suma de sus ciudadanos y ¿cómo desde el Gobierno de Cantabria les vamos a dejar desamparados?, ha preguntado, "No lo vamos a hacer al menos mientras este Gobierno esté al frente de esta administración", ha matizado. La voluntad del Gobierno es ayudar a todos los ayuntamientos para acabar de una vez con esa forma de entender el urbanismo.
Se ha referido a las viviendas de Argoños, como un caso "más complejo" debido a que este municipio tiene dos instrumentos de planificación como son el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de las Marismas de Santoña, por un lado, y el PGOU por el otro. Aquí el titular de Urbanismo ha indicado que ambos tienen un grado de madurez suficiente como para poder aprobar inicialmente en diciembre el PGOU y en esa misma fecha proceder a solicitar las 244 autorizaciones provisionales.
El titular de Urbanismo ha anunciado que ayer mismo tuvieron una reunión con los representantes legales de los vecinos en la cual les explicaron que hay 11 viviendas que no se pueden legalizar, que son las del Camino del Portillo. "Aunque les hemos dicho que el nuevo PGOU ya contempla el lugar en donde irán situadas estas nuevas viviendas", ha explicado.
Fernández ha vuelto a repetir que todos los casos tienen una solución concreta que ampara los derechos de las familias y en un plazo concreto. Así, ha dicho que espera que para finales de año ya se hayan solicitado las 449 autorizaciones provisionales y "vamos a intentar tener, en el primer trimestre de 2015, cerrado el acuerdo con las familias cuyas casa haya que derribar".
"Me alegro de que me haga esa pregunta", así ha respondido Fernández ante la "posible cuestión de inconstitucional de las autorizaciones provisionales que, según algún medio de comunicación, iban a solicitar los jueces del TSJC (Tribunal Superior de Justicia de Cantabria). El consejero ha respondido que su departamento no tiene constancia de este supuesto y que, en todo caso, sería sobre la causa procesal ya que los jueces no han resuelto sobre el fondo.
"Estamos a la espera de que los jueces decidan sobre el fondo, de que decidan si es conforme a derecho", ha explicado. En su opinión, no es nada preocupante, sólo si deciden que esta figura es ilegal y no encaja. Pero en el caso del edifico Las Torres de Escalante el consejero ha dicho que el nuevo PGOU de Argoños contempla construir otro edificio en el mismo lugar, incluso de mayor volumetría. En este sentido ha apelado "al sentido común y de la justicia de los jueces".
