Los servicios de Consumo de la Consejería de Administración Local y Relaciones Institucionales van a intensificar el control en la información en la compraventa y arrendamiento de viviendas a través de promotoras y entidades financieras, con una nueva campaña de inspección para este año en la que se realizarán 246 controles.
La Secretaría General de Consumo da así continuidad a una iniciativa que arranca en 2006 y en la que siempre se ha detectado un alto índice de incumplimientos. De hecho, en la última de 2013 se estudiaron 330 entidades financieras, empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras de toda Andalucía y se levantaron 204 actas positivas, es decir, el 62% cometió alguna irregularidad, que ha acabado, hasta el momento, en 55 expedientes sancionadores por una cuantía de 156.112 euros.
Entre los datos más llamativos de la campaña del pasado año destaca que de las 108 promociones vinculadas a las entidades financieras investigadas, un 82% incumplía algún aspecto de la normativa. A la vista de este resultado, y dado que las mayores bolsas de oferta de viviendas las gestionan estas entidades, para este nuevo plan de 2014 se ha marcado como objetivo preferente que, tanto en el caso de vivienda nueva como de segunda mano, entre el 70 y el 80% de las inspecciones se centren en el sector bancario.
Otro aspecto destacable de esta campaña es también que el 50% de las promociones donde se recogieron cantidades a cuenta, éstas no estaban avaladas o aseguradas individualmente, aunque se advierte una tendencia decreciente respecto a ejercicios anteriores.
El mayor índice de irregularidades se ha detectado en las promociones en proyecto o en construcción (70%), seguida de las viviendas en alquiler construidas en segunda transmisión y posteriores (63%), y primera transmisión (56%). Sin embargo, el mayor nivel de incumplimientos está en el mercado del alquiler, con un 77% de irregularidades.
El nuevo plan de inspección está dirigido a entidades financieras, empresas y gestores inmobiliarios, promotoras y constructoras, en la venta, promoción y publicidad en el arrendamiento y compraventa de viviendas, independientemente de que éstas se encuentren en proyecto, en construcción o ya construidas. En el caso de las que se encuentran en proyecto o construcción se controlarán fundamentalmente viviendas de protección oficial.
Los objetivos son conocer el grado de cumplimiento de las preceptivas autorizaciones y control de documentos administrativos (inscripción en el Registro Mercantil, licencias de obra o de primera ocupación, etc.), en qué grado se está cumpliendo la normativa en cuanto a la información a la persona consumidora (datos generales y concretos de la vivienda, precio, condiciones de pago, garantías de las cantidades entregadas a cuenta en vivienda que no se encuentren totalmente terminadas,) o comprobar que el contenido de los contratos de compraventa firmados se ajusta a las exigencias de la normativa y no contienen cláusulas abusivas, que en el caso de realizar la inspección de viviendas en proyecto o en construcción, existen avales individuales tanto en VPO como en vivienda libre, y que se cumplen los requisitos establecidos por la normativa en materia de eficiencia energética. También se examinarán folletos publicitarios y anuncios en prensa.
La campaña se desarrollará hasta el próximo 15 de noviembre y de las 246 inspecciones programadas, 52 de ellas se realizarán en la provincia de Sevilla, 39 en Málaga, 38 en Granada, 31 en Jaén, 27 en Cádiz y Córdoba, y 16 en Almería y Huelva.
La Junta recomienda solicitar el Documento Informativo Abreviado (D.I.A.), en viviendas nuevas, o la Ficha Informativa, en viviendas de segunda mano, donde se debe indicar, de una forma estructurada y comparable con otras ofertas, toda la información necesaria para hacer una compra segura (datos de la empresa, la promoción, la vivienda, planos, precios y otras cargas, calidades, información sobre el contrato y otras).
Consumo Responde lanza una campaña de recomendaciones sobre la vivienda, consejos y recomendaciones para la compra o arrendamiento como garantías y derechos de las personas consumidoras y usuarias y la forma de ejercerlos.
