Luis Hernández de Cabanyes acude este año a la junta de accionistas de Renta Corporación con mejor cara. Muy distinta a la de hace un año, cuando la empresa que preside acababa de entrar en concurso de acreedores. Ahora, está a punto de superar la situación.
Si los últimos trámites procesales no arrojan alguna sorpresa inesperada, la inmobiliaria catalana dejará de estar fuera de la tutela judicial en los próximos días. De no formularse oposición alguna a la recientemente aprobada propuesta de convenio por parte de la junta de acreedores, y si el juez no aprecia que se ha infringido alguna de las normas sobre el contenido del convenio, sobre la forma y el contenido de las adhesiones y sobre la constitución de la junta o su celebración, dictará la definitiva sentencia aprobatoria.
Se da por descontado. De hecho, el propio orden del día de la junta de accionistas de Renta Corporación, que se celebra mañana, ya recoge algunos puntos que dan por hecho que no existirá problema alguno para que la empresa supere el concurso y deje de estar sometida a la tutela judicial.
Entre ellos, la autorización al consejo para adquirir acciones propias de la sociedad o aumentar capital hasta la mitad del actual, o la delegación para emitir deuda, canjeable y/o convertible, con atribución de la facultad de excluir, total o parcialmente, el derecho de suscripción preferente de los accionistas.
La aceptación por parte del juez de la solicitud, por parte de los acreedores, de adjudicarse activos hipotecados en garantía del crédito sindicado, que permitirá amortizar deuda por un valor de 98 millones de euros, permitió que la propuesta de convenio saliera adelante.
No ha sido fácil. Al no existir garantía de que una mayoría suficiente de acreedores –representativos de al menos el 50% de los créditos ordinarios– iba a respaldar la propuesta de convenio presentada por la empresa, la junta de acreedores se tuvo que suspender y aplazar en dos ocasiones.
Además de la adjudicación de los activos hipotecados del crédito sindicado, el convenio aprobado establece una doble alternativa de pago respecto a los créditos ordinarios y subordinados, que pasaría bien por una propuesta de quita progresiva, según el importe del crédito, y pagos anuales crecientes hasta el 2022, o bien por una capitalización de la deuda convirtiendo parte del crédito en acciones de la compañía, manteniendo el resto del crédito en forma de deuda participativa. A finales del primer trimestre, la deuda neta de Renta Corporación ascendía a 155,5 millones de euros.
