La técnica de la fractura hidráulica (fracking en indlés) para extraer combustibles fósiles sigue dando que hablar, y los intereses de sus promotores privados están a punto de quedar salvaguardados, tanto si estas prácticas se llevan a cabo, a través de la explotación de los recursos extraídos, como si no lo hacen, en este caso a través del cobro de astronómicas indemnizaciones. Las que podrían generarse tras el acuerdo transnacional que se está negociando al más alto nivel entre la Unión Europea y Estados Unidos (EE UU), a través de la poderosa TTIP, la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión.
Las negociaciones favorecerán muy probablemente la protección de las inversiones corporativas por encima de la protección de la ciudadanía y el medio ambiente, y permitirán que las compañías exijan una indemnización cuando las decisiones de un Gobierno afecten a sus ganancias.
Esto podría beneficiar a las compañías que buscan explotar recursos naturales mediante tecnologías peligrosas y cuyas actividades puedan verse afectadas por regulaciones en materia de medio ambiente o salud, y, con ello, limitar la capacidad de los Gobiernos para regular el desarrollo y la expansión de esta práctica.
La fractura hidráulica se utiliza para extraer combustibles fósiles no convencionales de difícil acceso, como gas y el petróleo de esquisto, el gas de arenas compactas y el metano en vetas de carbón. El fracking incrementará la disponibilidad de suministros de gas, confinándonos a la dependencia de combustibles fósiles durante varias décadas.
La celebración de estas reuniones ha salido a la luz tras un informe publicado por diversas organizaciones, Amigos de la Tierra, Amigos de la Tierra Europa, Attac, Blue Planet Project, Corporate Europe Observatory, Ecologistas en Acción, Powershift, Sierra Club y Transnational Institute, en el que se analiza cómo la TTIP podría socavar las medidas de los Gobiernos para luchar contra el cambio climático y proteger a la ciudadanía; podría expandir el fracking al acabar con la capacidad de los Gobiernos para controlar la exportación de gas natural; y podría significar que los Estados se vean obligados a pagar a las corporaciones cantidades astronómicas en concepto de indemnización por ‘beneficios perdidos’ a raíz de la adopción de regulaciones.
Por ello, insta, tanto a la UE como a EEUU a excluir los derechos de solución de controversias inversor-Estado de este acuerdo y de otros acuerdos comerciales en fase de preparación, como el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA en inglés) entre la UE y Canadá.
