La polémica no cesa en torno al hotel El Algarrobico, construido casi en su totalidad por la inmobiliaria Azata en la playa almeriense de Carboneras, en el parque natural Cabo de Gata-Níjar. Tras varias sentencias del Supremo en contra de su edificación, acaba de ser notificada otra, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que viene a echar más leña al fuego, al considerar que el ámbito se puede considerar urbanizable.
De contemplarse finalmente esta posibilidad, las consecuencias no se limitarían al establecimiento hotelero. Las consecuencias de esta posibilidad van más allá, al abrir la puerta a colmatar el plan urbanístico previsto en la zona, que incluye también la construcción de 1.500 viviendas, ocho hoteles y un campo de golf.
Pero la judicialización de este asunto no acaba aquí. Además de las sentencias que están pendientes, entre ellas la relativa a la legalidad de las licencias, el grupo ecologista Salvemos Mojácar ha presentado una querella contra los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que han sentenciado que el hotel se alza en terreno urbanizable, en la que se les acusa de prevaricación.
Los tres jueces son: María Rosa Torres Donaire, María del Mar Jiménez Morera y Jorge Muñoz Cortés, este último, ponente del polémico fallo que contradice otro de junio de 2012 del TSJA en el que se fijaba que el paraje era no urbanizable. Además, los ecologistas también dirigen la querella contra Rafael Toledano, presidente de la sala de lo contencioso-administrativo.
La asociación ecologista considera que la sección tercera no era la que debería haber analizado el recurso de Azata, ya que el caso estaba en manos de la sección primera, que ya se había pronunciado sobre la zona en la que se levantó el hotel a partir de 2003. Pero la sala de gobierno de lo contencioso-administrativo del TSJA decidió que lo resolviera la sección tercera.
El cambio de sección y de ponente incumple las normas de reparto, según los demandantes, quienes ven en este cambio procedimental la razón para poder dictar una sentencia contradictoria sin vulnerar el principio de igualdad. En la denuncia también se incluye el cambio de ponente en otro caso referido a El Algarrobico, el de la licencia de obras.
