La quita de la discordia para rescatar las autovías en concurso de acreedores

El tiempo va pasando y el rescate para evitar la liquidación de las autovías en quiebra no acaba de llegar. Son ya muchos meses de tiras y aflojas sin ninguna solución. Esta semana, desde el Gobierno se ha anunciado a bombo y platillo la última propuesta ideada por el Ministerio de Fomento, y con el respaldo de Hacienda. La constitución de la famosa sociedad pública, nada novedoso,  pero sí la quita de deuda que lleva aparejada, de unos 2.300 millones de euros. Un plan que, además, es innegociable. Sí o sí, y al que los bancos deben dar una respuesta de manera inmediata.

Pues bien. El tema no ha sido muy bien aceptado en el seno de las entidades financieras. A pesar de que buena parte de esa quita ya estaría asumida en los balances a través de las provisiones efectuadas, el asunto se enreda ante el hecho de que el bono propuesto para compensar a los acreedores no cuente con el aval del Estado.

El plan de rescate propuesto contempla crear una sociedad pública de autopistas que aglutine aquellas concesiones que han tenido que recurrir al concurso de acreedores, con una quita de la deuda de estos activos, de cerca del 50%, desde el entorno de los 4.600 millones de euros, hasta 2.300 millones. Para hacer frente a esta cantidad, el Ejecutivo  propone emitir un bono a 30 años con un interés mínimo del 1%, que podría llegar hasta el entorno del 4% en función de que el flujo de vehículos se incremente de manera progresiva a partir de 2016.

Los primeros cálculos apuntan a que el pago de la deuda que asumirá el Estado a través del bono supone una quita real de entre el 60% al 80% sobre esta parte que sí percibirán. Estimación basada en la diferencia con las cantidades que el banco ingresaría si recibiera un bono del Estado a 30 años, que ofrece un interés aproximado del 4,25%. Así, algunas entidades no podrán liberar provisiones.

A pesar de la premura que aparenta el Gobierno con este asunto, las entidades financieras prevén todavía una larga negociación para definir una propuesta que, por parte de las empresas que forman parte de las concesionarias, tampoco ha sido muy de su agrado, al estimar que la quita resulta excesiva y similar a la propuesta hace tres años, sobre la que no se llegó a acuerdo alguno.

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