El empresario jerezano Joaquín Rivero no se ha quedado cruzado de brazos ante la ejecución de sus títulos en la inmobiliaria francesa Gecina por parte del fondo Blackstone, y, aprovechando el lío judicial que hay montado, con decisiones contradictorias tomadas en tribunales de varios países, para demandar al fondo estadounidense en un juzgado de Madrid e intentar recuperar las acciones.
Acusa a Blackstone de estafa y falsedad en documento mercantil por apropiarse de un paquete de acciones de Gecina valorado en unos 1.600 millones de euros. Busca así recuperar sus títulos y los de su socio, Juan Bautista Soler, que estaban depositados en Luxemburgo como garantía de unos préstamos y que han acabado en manos del fondo estadounidense.
El conflicto tiene su origen en 2012, cuando Blackstone y el fondo Ivanhoé Cambridge —del fondo de pensiones públicas de Quebec— empezaron a comprar deuda de Rivero y Soler después de que sus sociedades Alteco y MAG Import, propietarias del 31% de Gecina, presentaran concurso de acreedores, el quinto mayor registrado en España.
Dos jueces de lo mercantil en Madrid, a cargo de dichos procesos concursales, decretaron en 2013 como medida cautelar que las acciones no fueran vendidas ni traspasadas hasta que se aclarara la situación. Blackstone e Ivanhoé llevaron el caso a un juzgado de Luxemburgo, donde se ordenó al banco depositario de dichas acciones, Calux, que las entregara a los nuevos propietarios de la deuda.
Los abogados de Rivero y Soler sostienen que los competentes para decidir son los jueces españoles y que los fondos han maniobrado de forma sospechosa para conseguir que la justicia luxemburguesa ordenara ejecutar esas garantías. Por ello, denuncian a Blackstone e Ivanhoé por un presunto delito societario, de insolvencia punible, falsedad en documento mercantil, estafa y concurso culpable.
La denuncia también incluye a antiguos acreedores de Alteco y MAG Import: Natixis, Bankia, Bank of America y Merrill Lynch, que vendieron su deuda a Blackstone. Los denunciantes aseguran que Blackstone e Ivanhoé compraron la deuda de Rivero y Soler sin declararlo en el juzgado, para que, en caso de que ningún juez les dejase ejecutar la prenda, la deuda siguiera estando a nombre de acreedores financieros y no perdieran su derecho a voto ante un hipotético convenio. Los denunciantes consideran que, para ello, contaron con la colaboración de estas entidades y por eso las incluyen en la denuncia. Según fuentes cercanas al proceso, los denunciantes desconocen cuántas acciones quedan en depósito en la sucursal del Calux.
La juez luxemburguesa determinó que el precio de referencia para la apropiación de las acciones de Gecina será el valor de cotización en Bolsa al cierre la víspera del día en el cual las partes tengan la libre disposición de las acciones”. Casi 91 euros por acción.
En el fallo, la juez luxemburguesa considera que es competente para decidir sobre el asunto, y dio la razón a los demandantes, tanto Blackstone como Ivanhoé, porque considera, entre otros argumentos, que el tema en discusión constituye una acción autónoma con respecto al concurso de acreedores”. Tras acceder a las acciones, Blackstone ha requerido representación en el Consejo de Administración de Gecina acorde a su participación, del 22,9%.
