El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la Ley 4/2013, de 1 de octubre, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, de medidas para asegurar el cumplimiento de la función social de la vivienda.
El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno y al Parlamento de Andalucía, que dispondrán de un plazo de quince días para personarse en el procedimiento y formular alegaciones.
El Pleno acuerda también la suspensión automática de la norma recurrida al haber invocado el Gobierno en su recurso la aplicación del artículo 161.2 de la Constitución (“El Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por los órganos de las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a cinco meses”).
La admisión a trámite no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá en próximas fechas.
La ley ahora recurrida derogó el Decreto 6/2013, de 9 de abril, conocido como “decreto antidesahucios”, que también fue impugnado por el Gobierno. El recurso contra dicho decreto, que fue admitido a trámite el 11 de julio de 2013, está pendiente de resolución por el Pleno del TC.
A través de la aplicación de la ley recurrida, la Consejería de Fomento y Vivienda ha admitido a trámite el 80% de las solicitudes presentadas para acogerse a la Ley para asegurar la Función Social de la Vivienda y evitar el desahucio, lo que se traduce en 152 peticiones que cumplen con los requisitos establecidos en la normativa andaluza para realizar la expropiación temporal del uso de la vivienda.
De este modo, de las 191 solicitudes registradas en la Junta de Andalucía para acogerse a la Ley de la Función Social de la Vivienda, un total de 152 reúnen las condiciones necesarias para paralizar el desalojo, siendo 37 los casos en los que ya se ha iniciado la expropiación con su publicación en BOJA y dos los culminados con éxito tras su paso por Consejo de Gobierno.
En conjunto son ya 39 las expropiaciones realizadas, que se distribuyen por provincias de la siguiente manera: 15 en Málaga, 6 en Granada, 5 en Sevilla, 3 en Cádiz, 3 en Almería, 3 en Córdoba y 2 en Huelva.
