Durante la época del ‘boom’ inmobiliario, la inmensa mayoría de municipios españoles se afanó en aprobar planes generales de urbanismo, en algunos casos a destajo. No dejaban pasar ni un par de años después de aprobar uno, para volver a plantearse el siguiente.
Una locura. La que llevó a los concejales a entrar en esa dinámica imparable de cuántas más viviendas se construyan, más ingresos se obtienen. Para todos. Para las arcas municipales y, también, como se pudo apreciar en un sinfín de casos de corrupción, para los propios ediles.
Las consecuencias, cuando todo se vino al traste, las conocidas por todos. Decenas de miles de millones de metros cuadrados calificados como urbanizables que, en no pocos lugares, nunca llegarán a ser edificados.
Pero, por lo que se ve, no aprendimos nada. En las últimos semanas, al abrigo del espejismo de la recuperación económica, algunos alcaldes –con o sin intereses directos en la construcción y promoción inmobiliaria– parecen haber entrado de nuevo en celo urbanístico, y han llevado hasta los plenos municipales la presentación de nuevos avances de planes generales, hagan o no hagan falta realmente ante la cantidad de suelo disponible sin desarrollar. Da igual. Lo de la viabilidad urbanística es algo que resulta secundario. Primero se recalifica el suelo, y luego ya se verá.
Valencia es una de las grandes capitales donde el debate se ha reabierto. El equipo presidido por Rita Barberá cree necesario un nuevo plan, y la oposición replica que no es necesario ante la existencia de suelo disponible para 40.000 viviendas. Solo el proyecto de Parque Central y aledaños, todavía pendiente, aglutina edificabilidad para 7.000 viviendas.
La idea que maneja el Ayuntamiento de Valencia es recalificar suelo ganado a la huerta para construir 25.000 pisos, que se añadirían a esas 40.000 viviendas no construidas en el suelo recalificado y a las aproximadamente 80.000 que están vacías.
Desde la oposición entienden que con este excedente de suelo y un adecuado programa de rehabilitación habría oferta suficiente de vivienda para casi medio siglo, teniendo en cuenta que en los últimos 25 años en Valencia se otorgaron licencias para construir 80.000 viviendas.
Otro aspecto criticado es el hecho de que del actual plan general de Valencia tan solo se ha ejecutado el 25% de los equipamientos sociales, quedando pendientes de acometer cerca de dos millones de metros cuadrados para colegios, centros de salud o espacios para jóvenes y mayores.
