Mientras el letrado y ya expresidente del Sevilla, José María del Nido, dejaba su cargo tras ser ratificada una condena por un caso de corrupción en Marbella, la capital de la Costa del Sol ha pasado página definitivamente a este escenario lamentable de su pasado reciente para volver a convertirse en punta de lanza del crecimiento inmobiliario en España.
Las operaciones de compra-venta de viviendas crecieron un 25% en el primer semestre del año y cada vez son más los inversores extranjeros que vuelven a la Costa del Sol en busca de productos de calidad, sobre todo procedentes de Rusia, un mercado cuyo crecimiento exponencial parece no tener límite. El Ayuntamiento, ante el aumento de las licencias de obras, se ha visto obligado a contratar arquitectos y letrados para reforzar el área de Urbanismo y agilizar la concesión de permisos.
Y los datos no hacen sino sustentar este crecimiento. Entre enero y octubre, las pernoctaciones de turistas extranjeros se han incrementado un 3%. Solo en octubre la subida de estancias de ciudadanos extranjeros se ha disparado un 20% en relación a 2012.
Lo que sí puede cambiar en esta ocasión es la tipología de inmuebles con la que Marbella va a afrontar este nuevo ciclo expansivo. Menos chalés en urbanizaciones de lujo, que los habrá, pero también se quiere abrir el mercado a la construcción de torres de hasta 50 metros de altura.
La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para permitir la construcción de edificios de hasta 50 plantas en distintos puntos del municipio. Ante las críticas de los partidos de la oposición, desde el Gobierno municipal se ha tratado de atemperar los ánimos señalando que serán proyectos muy controlados, limitados y con una fuerte carga icónica, que en modo alguno provocarán que Marbella se convierta en “otro Benidorm”.
Están previstos dos edificios en la zona del Realejo, el mayor con 28 plantas; uno de 30 plantas en La Gitana; dos de 36 plantas máximo en Guadaiza y otro en la zona de Río Verde. Estas construcciones implicarán la cesión para uso público de más del 40% de la superficie de la parcela, que tendrán entre 10.500 y 32.000 metros cuadrados de superficie y contarán con un estudio de detalle singular.
