La consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha intervenido en el Pleno en el Parlamento de Canarias para informar sobre la adjudicación de las 115 viviendas protegidas de promoción pública que el Gobierno de Canarias construyó en la capital grancanaria para familias con ingresos inferiores a 11.000 euros anuales.
En la actualidad, en torno a 4.000 familias, residentes en una vivienda protegida en régimen de alquiler, reciben una subvención del Gobierno de Canarias para el pago de la vivienda social lo que le permite residir en una vivienda digna pagando una mensualidad que va desde 2 y 90 euros al mes, dependiendo de los ingresos y del número de dormitorios de la vivienda.
Además, en este año el Gobierno de Canarias ha movilizado más de 50 viviendas que la empresa pública VISOCÁN construyó para la venta en la capital grancanaria y que, ante la desaparición de las ayudas estatales para la compra de vivienda protegida no se habían conseguido vender y el Gobierno canario optó por dinamizar en alquileres mucho más económicos.
La consejera expuso en respuesta parlamentaria que, sólo en Las Palmas de Gran Canaria el Gobierno de Canarias está tramitando la adjudicación de 115 viviendas protegidas en régimen de alquiler social a familias con ingresos inferiores a 11.000 euros.
"En la actualidad -precisó- los técnicos del departamento de Vivienda está examinando todos los expedientes de las familias inscritas como demandantes de vivienda en la capital grancanaria, con la finalidad de elaborar el listado provisional de admitidos y excluidos por cupos, que podrán participar en el sorteo de las dos promociones ubicadas en Las Palmas de Gran Canaria en los barrios de las Torres y Jinámar".
Para adjudicar estas viviendas, las familias inscritas en el Registro Público de Demandantes de Vivienda Protegida de Canarias, fueron incluidas en los listados iniciales
Estas viviendas están incluidas en el Plan de Vivienda de Canarias y el coste de los alquileres está subvencionado por el Gobierno de Canarias en un porcentaje que se adapta a las particulares condiciones económicas y familiares de cada familia adjudicataria, llegando a cubrir hasta el 99% de la cuota mensual cuando la situación familiar es muy precaria. Tal como se establece en la Ley de Vivienda de Canarias, ninguna familia destinará más del 12% de sus ingresos al pago del alquiler.
