Ya se sabe que los datos de la exportación son de los pocos que están sustentando la actividad económica española, compensando los ratios de caída de la demanda interna. Pero la reciente reforma del sistema eléctrico también puede coartar esta incipiente vía de ingresos.
Así lo piensa los empresarios de las empresas productoras de cemento, que han alertado al Ministerio de Industria de las consecuencias de un aumento del precio final eléctrico para las exportaciones del sector cementero, por la pérdida de la prestación del servicio de interrumpibilidad, obligará a muchas empresas a no poder hacer frente a los nuevos costes, con el aumento de cierres, deslocalizaciones y al inminente replanteamiento de las inversiones de este sector.
Sin duda, un revés para el motor de la exportación que está colaborando a sacar a España de esta profunda crisis, ya que, en los últimos 3 años, la industria cementera ha hecho un gran esfuerzo para exportar más de 6 millones de toneladas de cemento y ‘clínker’ a casi 40 países.
Los sindicatos, en este caso, también le están viendo las orejas al lobo, y sus postulados pasan coinciden con los de la patronal. Se echa en falta una política energética que apoye a la industria en general y al sector cementero en particular, aseguran desde UGT, al tiempo que no dejan de pasar la ocasión para aludir a los importantes sacrificios para asegurar la viabilidad de la industria cementera, que, con motivo de la reforma eléctrica, pueden no servir absolutamente para nada.
Creen que, para asegurar el futuro de este sector, ciertamente muy tocado por la drástica caída de la actividad en España, tanto a nivel de la construcción residencial como de la obra pública en general, se necesitan soportar unos costes eléctricos similares a los que tienen otros países de nuestro entorno. De lo contrario, la reforma planteada lo único que logrará es lastrar la competitividad del sector y abocarlo a su práctica desaparición.
Es otra de las consecuencias de una reforma, la eléctrica, por la que el Gobierno ha tratado de cerrar el agujero que supone el coste del déficit de tarifa para el Estado, pero que para muchos sectores y para los propios usuarios particulares, supondrán un aumento de costes difícilmente asumible. Al final, lo que se ahorra por un lado, puede que se resienta por otro, por una reducción de la actividad económica.
