La cruzada contra los desahucios se ha desatado. El pasado mes de abril el gobierno Andaluz destapaba la caja los truenos frente a la Banca: regulaba el primer decreto expropiatorio de viviendas con fines sociales de la democracia. Son muchas las novedades de las medidas andaluzas para frenar los desahucios:
– Expropiación “temporal” por 3 años de viviendas en “inminencia de desahucio”
– Medidas de “incentivo” a particulares y “sanciones” a bancos e inmobiliarias
– La creación de un registro de viviendas deshabitadas
– Supone un cambio profundo, radical y estructural en políticas sociales
– Frenar el numero de viviendas vacías
– Favorecer el alquiler del parque residencial deshabitado, facilitando fórmulas de concertación de arrendamiento entre propietarios y demandantes.
– Además se incentivará con medidas fiscales y un seguro contra impagos y desperfectos.
La segunda comunidad en sumarse a esta iniciativa ha sido Cataluña. Artur Mas, a través de su consejo asesor esta elaborando un informe para la creación de un impuesto a las casas y apartamentos vacíos en manos de bancos y promotoras inmobiliarias con el objetivo de evitar la desocupación permanente de viviendas e incentivar el mercado de alquiler.
Con estas “medidas de estímulo” debería también contribuir a reducir el precio de los alquileres, estimó Santi Vila, responsable catalán de Territorio y Sostenibilidad encargado de la vivienda en respuesta a esta noticia.
En tercer lugar la comunidad de Canarias. A través de sus responsables políticos han manifestado que incorporarán algunas medidas similares al decreto andaluz para ponerle freno a la exclusión residencial y desahucios en sus islas. Los servicios jurídicos canarios, según noticias publicadas en medios de comunicación, consideran que las medidas son “solventes, constitucionales y dan respuesta a un problema social que está afectando a miles de familias”.
Se promoverán medidas para fomentar el alquiler de la vivienda y permitir que los propietarios de viviendas vacías puedan alquilarlas con todas las garantías; y en tercer lugar, se articularán medidas sancionadoras contra aquellas empresas u organizaciones con personalidad jurídica propia que no atiendan las disposiciones contempladas en esta norma, aunque estas medidas no afectarán a las personas físicas.
En cuanto a las expropiaciones, el gobierno canario plantea al igual que el andaluz, que estas lo serán por un periodo de tres años con un justiprecio que fijará el tribunal correspondiente, que se hará efectivo a través de una aportación de la familia –hasta un máximo del 25% de la renta– y de recursos públicos. La misma fórmula aprobada por la Junta de Andalucía.
Hemos sido testigos de un cambio de estrategia, de la negociación y el código de buenas practicas a la ruptura del dialogo y la imposición de criterios sociales contra la exclusión social. Existen multitud de opiniones al respecto, pero será necesario verlo marchar, evaluar resultados y comprobar si el Tribunal Constitucional pueda considerar no aptas estas medidas si algún grupo político decide emprender acciones. Mientras tanto seguiremos defendiendo la mediación en vivienda para las familias como recurso complementario allá donde las leyes no sean capaces de adaptarse a las necesidades de nuestro siglo.
