Vitoria. El Consejo de Gobierno del País Vasco ha aprobado una autorización de gasto de 430 millones de euros para realizar un contrato mixto (patrimonial y arrendamiento) que también se ha autorizado, para la cesión en arrendamiento al Gobierno Vasco de un mínimo de 4.000 viviendas protegidas, por un plazo mínimo de 20 años, cesión a realizar por parte de un inversor privado.
El inversor privado al que se adjudique el contrato adquirirá viviendas, el suelo necesario para su construcción o construirá nuevas edificaciones, que cederá en arrendamiento al Gobierno para que éste lo destine mediante subarriendo protegido a los inscritos en Etxebide.
Los 430 millones de euros autorizados servirán para pagar las rentas de las viviendas cedidas en alquiler por un plazo mínimo de 20 años. Este gasto se ha calculado multiplicando el precio de cesión o renta por el número de viviendas cedidas, aplicando tasa de descuento del 6,5% y un factor de actualización de rentas anual del 2,5%. No obstante, el coste neto de la operación para el Gobierno, según lo calculado, será de 249 millones de euros, puesto que la diferencia se recuperará por medio de las rentas que abonarán los inquilinos. El Gobierno abonará en el primer año una renta máxima por vivienda y mes de 700 euros.
El Departamento de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, en línea con los compromisos adquiridos en el Plan Director de Vivienda y Regeneración Urbana 2010-2013, ha diseñado este esquema contractual de colaboración público privada con un doble objetivo: conseguir viviendas para destinarlas al alquiler y obtener recursos económicos para construir nuevas promociones de viviendas protegidas en alquiler y alojamientos dotacionales.
Las viviendas protegidas que van a ser puestas a disposición del Gobierno se estructuran en 4 grupos. 1.072 viviendas sociales construidas a adquirir a la Sociedad Alokabide, 1.875 viviendas en fase de construcción a adquirir a VISESA, 199 viviendas a edificar sobre suelos urbanizados propiedad del Gobierno Vasco que serán vendidos al inversor, y las 854 restantes serán promovidas por el inversor. Esta cifra puede incrementarse con otras 1000 viviendas protegidas. La distribución territorial de las viviendas se hará siempre con el visto bueno del Departamento, con el fin de cumplir los objetivos del Plan Director.
Según las estimaciones, el inversor privado que resulte adjudicatario del contrato, mediante un concurso publico, deberá realizar una inversión superior a los 495 millones de euros desde el momento de la adjudicación del contrato hasta 2016. Este alto volumen de inversión lo convierte en un producto especialmente adaptado para grandes fondos de inversiones.
El Gobierno podría adjudicar el contrato mixto a finales de octubre y las primeras viviendas podrían ser una realidad a primeros de 2012. A la aportación inicial de viviendas que rondará las 1.635 viviendas, sucederán entregas de unas 788 viviendas de medio al año hasta 2.015.
El mantenimiento estructural de los edificios cedidos al Gobierno Vasco correrá a cargo del inversor privado.
El propósito del Gobierno ha sido desde un principio darle un fuerte impulso al alquiler, pero ello requiere un gran esfuerzo presupuestario y que las entidades financieras estén dispuestas a financiar esas operaciones. Por ello, el Gobierno ha explorado diferentes fórmulas que no computen como deuda pública. La fórmula por la que se ha optado será la primera de estas características que se ponga en práctica en España.
Con esta operación el Gobierno además de obtener viviendas de alquiler protegido, va a conseguir sanear las sociedades, Visesa y Alokabide, lo cual permitirá que puedan seguir realizando política de alquiler y ofrecer mayores garantías a la hora de solicitar financiación a las entidades financieras.
Como resultado de estas operaciones de venta el Gobierno vasco obtendrá 28 millones de euros. Pero además, ingresará casi 21,6 millones de euros por devolución de subvenciones por parte de Alokabide y por los intereses legales, Además, el Gobierno se ahorrará casi 77 millones de euros corrientes en subvenciones en alquiler al inversor privado. Esos recursos permitirán al Gobierno seguir construyendo vivienda en alquiler.
Por otra parte, y en este mismo contexto de potenciar el alquiler, el Gobierno ha aprobado mediante decreto, la fusión por absorción de las dos sociedades que se dedican a actividades vinculadas al alquiler, la Sociedad Alokabide que absorberá a SPGVA que quedará extinguida. La fusión no va a provocar ninguna variación en las condiciones jurídicas, económicas y sociales que actualmente tienen sus trabajadores.
Se trata de la culminación de un proceso de optimización de todos los instrumentos al servicio de la política de vivienda. La operación tiene por objeto racionalizar, mejorar y simplificar la gestión empresarial pública, sobre todo en unos momentos en el que el alquiler va a tener un papel predominante en la política de vivienda.
