Madrid. Una propuesta de resolución de CiU ha sido aprobada en el Congreso, con el texto de la enmienda acordada con el Grupo Socialista y el Grupo Popular, por la que se emplaza al Gobierno a adoptar las conclusiones que se consensúen en el seno de la subcomisión de estudio de posibles cambios del Sistema Hipotecario Español.
La Cámara reclama un incremento de las cuantías fijadas actualmente como inembargables en sueldos, pensiones o retribuciones equivalentes que responden de la deuda pendiente de una hipoteca ejecutada, en el caso de la vivienda única y residencia habitual, y especialmente para que tenga en cuenta las cargas familiares existentes.
Pide también acelerar la introducción de las subastas judiciales electrónicas, que complemente la licitación presencial mediante licitadores que realicen sus pujas a través de internet, en todas las subastas de bienes inmuebles procedentes de ejecuciones hipotecarias, con el objetivo de ampliar el número potencial de licitadores y, consecuentemente, las posibilidades de la subasta no quede desierta.
Asimismo, pide que se aumente el porcentaje de valoración del inmueble hipotecado, hoy establecido en el 50% en la Ley de Enjuiciamiento Civil, por el que el inmueble puede ser adjudicado al creditor, en caso de que la subasta quede desierta.
Supervisar las condiciones para la concesión de créditos hipotecarios con el fin de evitar cláusulas abusivas, con especial atención a las llamadas “cláusulas suelo”, y desarrollar en colaboración con los agentes sociales, económicos y financieros, sistemas de información, mediación y resolución de conflictos que permitan a las familias españolas afrontar con mayor seguridad, conocimiento y garantías jurídicas sus operaciones de crédito, ya sea en el momento de constitución o a lo largo de la vida del préstamo hipotecario, son otras de las propuestas de esta resolución.
El Congreso emplaza también al Ejecutivo a incentivar que las entidades bancarias ofrezcan la información suficiente sobre constitución de hipotecas, que contempla que la obligación garantizada se realiza únicamente sobre el bien hipotecado.
Por otro lado, reclama diversas medidas destinadas a reforzar políticas públicas de vivienda, como redefinir la línea ICO-Moratoria de hipotecas, con una dotación no utilizada de casi 6.000 millones de euros, destinada al apoyo de las familias con préstamo hipotecario que pierdan el empleo y, por tanto, en riesgo de exclusión social, así como a incrementar el parque público de viviendas en alquilar.
También pide impulsar acuerdos de colaboración público-privado para la movilización del ‘stock’ de viviendas vacías a precios asequibles, y seguir impulsando los estímulos de rehabilitación de edificios, reduciendo los trámites administrativos para el acceso a las ayudas.
