Vitoria. No parece que el anteproyecto de Ley Vasca de Vivienda haya sido del agrado de los partidos de la oposición. El texto presentado por el Ejecutivo presidido por el socialista Patxi López ha recibido las primeras críticas, incluso desde las filas del Partido Popular, fuerza que le dio su apoyo para gobernar en minoría.
Si el sábado el PP le negaba sus 13 votos, ayer fue el PNV el que, a través de los parlamentarios Ricardo Gatzagaetxebarria y Juan Antonio Arieta-Araunabeña, señalaban la necesidad de introducir cambios sustanciales, entre otros temas en la propuesta de considerar el derecho a una vivienda únicamente a las personas con menos recursos económicos. Un límite que “deja fuera” a la gran mayoría de demandantes de vivienda pública, por ejemplo, a “los mileuristas”.
La idea inicial recogida en el anteproyecto de ley plantea extender este derecho de forma progresiva, primero a las unidades convivenciales de tres o más miembros con ingresos anuales hasta 15.000 euros; el segundo año a las de dos miembros con ingresos anuales hasta 12.000 euros y el tercero a las unidades de un solo miembro con hasta 9.000 euros de ingresos al año. “Si los que ganan mil euros no entran dentro del derecho subjetivo, ¿quiénes entran? ¿Qué clase de derecho subjetivo es éste?”, se preguntó Arieta-Araunabeña.
Otro de los aspectos que cuestionan es la idea de establecer un canon para las viviendas vacías, aquellas que estén desocupadas durante más de dos años de forma continuada y sin causa justificada. Idea que intentó sacar adelante sin éxito el anterior Ejecutivo de Ibarretxe. En este caso, la intención del Gobierno Vasco es cobrar diez euros al año por metro cuadrado a las viviendas que no justifiquen su desocupación, esto es, que no sean ni segunda residencia, ni estén en el mercado puestas en venta o alquiler. Además de subrayar la dificultad de definir jurídicamente el concepto de vivienda vacía, los parlamentarios del PNV afirmaron que la idea de expropiar las VPO a quienes vean mejorados de forma sustanciosa sus ingresos anuales “no tiene ni pies ni cabeza”.
Más complaciente se ha mostrado Aralar, aunque estiman que no se puede esperar hasta 2012 para aprobar la ley “porque el plazo es demasiado largo, sobre todo, si se tiene en cuenta el contexto económico-social actual”, dijo el parlamentario Daniel Maeztu. A las voces críticas al proyecto se sumó UPyD. Gorka Maneiro reprobó que el anteproyecto “siga sin apostar decididamente por el alquiler” y que medidas drásticas, como la expropiación a los dueños que mejoren sus ingresos, se evitarían si todas las promociones públicas fueran en renta y no en propiedad”, añadió.
Como ya hemos publicado en Inmodiario la ley pretende desarrollar el derecho constitucional a una vivienda digna.
