La adjudicación de las primeras 403 viviendas en alquiler por parte de Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS) ha supuesto llevar a la práctica uno de los objetivos que, en materia de vivienda, se marcó el nuevo equipo de gobierno presidido por Manuela Carmena, el de cambiar la tipología de pisos propiedad del Ayuntamiento, de venta a alquiler.
Son los primeros de los hasta 1.400 pisos para los que se ha conseguido el cambio de uso, y que en los próximos meses serán ofrecidos en función de las necesidades que se vayan detectando.
De las 403 viviendas adjudicadas, 324 son en régimen de arrendamiento general y tienen entre 1 y 4 dormitorios en función de la composición familiar. En cuanto al perfil del adjudicatario la mayoría están entre los 25 y 35 años de edad, su unidad familiar está compuesta por uno o dos miembros y tienen unos ingresos que oscilan entre el 0,75 y 2 veces el IPREM.
Al programa de arrendamiento para jóvenes se han destinado 79 viviendas, la mayoría de un dormitorio. El perfil del adjudicatario se corresponde con un ciudadano de entre 25 y 30 años de edad, con una unidad familiar de un solo miembro y unos ingresos inferiores a 1 vez el IPREM. El importe de los nuevos contratos no supera en ningún caso el 30% de la renta familiar.
Con estas 403 adjudicaciones, el Ayuntamiento de Madrid pone de manifiesto su esfuerzo por adaptarse a la demanda de los ciudadanos, fomentado el acceso a la vivienda de los colectivos más vulnerables, mediante programas de alquiler adaptados a sus necesidades.
El listado para elegir a estos adjudicatarios se obtuvo el pasado 26 de octubre de 2015, cuando se celebró ante notario el sorteo entre los ciudadanos inscritos en el Registro Permanente de Solicitantes (RPS), la herramienta que permite ajustar la oferta municipal de vivienda a las necesidades de los demandantes incluyéndoles en el programa que mejor se ajusta a sus necesidades.
En la reforma de los estatutos de la EMVS acometida para llevar a término este cambio de uso, también se contempla reducir de cinco a tres años la penalización para volver a solicitar vivienda tras haber renunciado a un piso adjudicado y solo se aplicará en los casos de que dicha renuncia sea justificada.
Además, los contratos tendrán a partir de ahora una duración inicial de tres años, prorrogables sucesivamente por periodos de dos años, siempre que se mantengan las condiciones socioeconómicas que dieron derecho al alquiler de la vivienda.
