Santiago de Compostela. El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras de la Junta de Galicia, Agustín Hernández, aseguró en el Parlamento de Galicia que el Gobierno gallego “se va a sobreponer a todos los atrancos, tanto políticos cómo económicos, para hacer realidad un viejo sueño de los habitantes de la Costa da Morte” y concretó que, en la primera semana de agosto, “se van a iniciar las obras y no habrá ni pala, ni primera piedra”.
Hernández aclaró que esta actuación “será un inicio de obras real, con maquinaria pesaje y con movimiento de tierras, que darán fe de que la obra va a ser una realidad de una vez por todas”. La Xunta adjudicó esta actuación el 11 de mayo de 2011 por un importe de 745 millones de euros, con un ahorro de más de 300 millones de euros con respeto a la anterior licitación, y un plazo concesional de 25 años.
El responsable Medio Ambiente del Ejecutivo autonómico aseguró en su intervención que “queremos dejar atrás deslealtades, ocultamientos, encubrimientos, insidias e infundios de otra hora, alrededor de una obra importante, que hase dos décadas después de su primer planteamiento va a ser una realidad, para beneficio de toda Galicia”. Asimismo, invitó públicamente “a los representantes políticos para que comprueben el desarrollo de los trabajos”.
Según la oferta presentada por la agrupación adjudicataria el plazo de ejecución de las obras es de 24 meses, por lo que se prevé la puesta en servicio de la infraestructura en verano del año 2013.
Para el Gobierno gallego, esta infraestructura es prioritaria e inaplazable, ya que se trata de una vía que garantizará la movilidad y el acceso en igualdad de condiciones a los ciudadanos de Galicia, situación que es el objetivo y el compromiso del Ejecutivo autónomo. Por eslabón, “la responsabilidad de este Gobierno es rematar esta obra largamente prometida y esperada”, dijo.
Hernández precisó que “la Xunta va a llevar adelante la construcción de la autovía con la única fórmula que garantiza su ejecución, la colaboración público-privada que algunos intentan condenar cuándo la aplica el Gobierno gallego, pero que se apuran a bendecir cuándo la aplican otras administraciones”.
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