El mercado del alquiler en España se encuentra en un momento decisivo, marcado por la necesidad de reforzar la seguridad jurídica para propietarios e inversores. La aprobación del nuevo real decreto introduce un sistema de compensación ante impagos para jóvenes y familias vulnerables, una medida largamente demandada por los profesionales del sector, que ven en este marco regulatorio una herramienta clave para aumentar la oferta disponible.
El XXIII Barómetro Inmobiliario de UCI y SIRA confirma que garantizar la seguridad jurídica es el factor más determinante para activar el mercado e incentivar a los propietarios a incorporar sus viviendas al alquiler. El temor a la inquiocupación continúa frenando la oferta y elevando la presión sobre la demanda. Este escenario se contextualiza con análisis sobre el impacto regulatorio en la vivienda, como aumentar la seguridad jurídica de los propietarios, que subrayan la importancia de un marco estable para atraer inversión y dinamizar el sector.
Las nuevas medidas avanzan hacia un entorno más predecible, donde los incentivos y garantías buscan corregir desequilibrios estructurales y recuperar viviendas actualmente fuera del mercado. Al mismo tiempo, la tramitación de normas para agilizar los desalojos en casos de ocupación ilegal completa un paquete regulatorio que refuerza la confianza de propietarios y operadores. El objetivo final es un ecosistema de alquiler más equilibrado, capaz de responder de forma eficaz a las necesidades de la ciudadanía.
Datos relevantes
Ayer se aprobó el Real Decreto que puede desbloquear miles de viviendas vacías
Casi 2 de cada 3 profesionales inmobiliarios en España considera fundamental garantizar la seguridad jurídica
La inquiocupación sigue siendo el principal elemento que frena a los propietarios
El Real Decreto incorpora una línea de compensación para propietarios ante impagos en contratos con jóvenes y familias vulnerables
La nueva normativa contempla recuperar la posesión de inmuebles okupados en un plazo máximo de 48 horas
El Barómetro de UCI indica que actuar sobre la seguridad jurídica es imprescindible para dinamizar el mercado del alquiler
¿Cómo puede la seguridad jurídica incentivar a los propietarios a ofrecer más viviendas en alquiler?
La seguridad jurídica reduce el riesgo percibido por los propietarios al alquilar su vivienda. Contar con garantías económicas frente a impagos, procesos claros y ágiles ante la ocupación ilegal y un marco regulatorio estable facilita que más propietarios se animen a incorporar inmuebles al mercado. Al disminuir la incertidumbre y reforzar la protección del arrendador, se incrementa la oferta disponible, algo esencial para equilibrar precios y mejorar el acceso a la vivienda en un mercado tensionado.
¿Qué impacto puede tener el nuevo real decreto en la oferta y en la estabilidad del mercado del alquiler?
El decreto introduce mecanismos de compensación que mitigan uno de los temores principales de los propietarios: los impagos. Esto, unido a la tramitación de normas que agilizan los desalojos en casos de ocupación ilegal, crea un entorno más seguro para arrendar. Si la confianza aumenta, más viviendas hoy retenidas podrían incorporarse al mercado. A largo plazo, esto contribuiría a ampliar la oferta, estabilizar precios y mejorar la relación entre propietarios e inquilinos.
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El 62% de los profesionales pide garantizar la seguridad jurídica de la propiedad según UCI
El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto clave para fortalecer la seguridad jurídica en el mercado del alquiler, incorporando por primera vez una línea de compensación para propietarios ante posibles impagos en contratos de arrendamiento suscritos con jóvenes y familias vulnerables.
La iniciativa responde directamente a una de las principales necesidades identificadas por los profesionales del sector en el XXIII Barómetro Inmobiliario de UCI, Unión de Créditos Inmobiliarios, y su área de desarrollo profesional, donde el 62% de los inmobiliarios encuestados en España considera que proteger y garantizar la seguridad jurídica es la medida más eficaz, inmediata y de menor coste para activar el mercado del alquiler, atraer inversión y reducir la actual presión sobre la demanda.
Según su diagnóstico, el temor a la inquiocupación continúa siendo uno de los principales factores que disuaden a los propietarios de incorporar sus viviendas al mercado, limitando significativamente la oferta, lo que sitúa la protección al arrendador como el principal motor para incrementar la oferta de vivienda disponible.
De esta manera, la aprobación del real decreto supone un hito ansiado por parte del conjunto del sector inmobiliario al introducir un sistema de garantías que refuerza la confianza de los arrendadores y permite avanzar hacia un entorno más estable y predecible.
La fórmula elegida para proteger la seguridad jurídica en el mercado del alquiler se establecerá a través de mecanismos de apoyo y compensación económica a los propietarios que se enfrenten a impagos, con el objetivo de incentivar a que nuevos propietarios ofrezcan sus viviendas en alquiler, ampliando la oferta disponible actual.
Lorena A. Zenklussen, directora comercial de la entidad financiera, ha destacado: “Desde UCI valoramos de forma positiva la introducción de este real decreto. En primer lugar, se trata de una petición ampliamente demandada por casi dos tercios de los inmobiliarios de nuestro país, tal y como indica el Barómetro Inmobiliario de UCI. En segundo lugar, esta medida podría dinamizar el mercado, ampliando la oferta de viviendas en alquiler disponibles y garantizando una seguridad jurídica que es clave para el mercado del arrendamiento”.
Continúa la tramitación de la normativa para agilizar los desalojos en casos de ocupación ilegal
De forma paralela, prosigue la tramitación de la nueva normativa destinada a acelerar los procesos para desalojar inmuebles okupados, con propuestas que contemplan la recuperación de la posesión en un plazo máximo de 48 horas. Esta iniciativa complementa el real decreto aprobado ayer y atiende otra de las principales inquietudes expresadas por profesionales y propietarios, reforzando así el marco de protección integral al sector.
El XXIII Barómetro de UCI subraya que actuar sobre la seguridad jurídica es un paso imprescindible para dinamizar el mercado, mejorar el acceso a la vivienda y consolidar un clima de estabilidad tanto para propietarios como para inquilinos. Así, con este paquete conjunto de medidas, España avanza hacia un ecosistema del mercado del alquiler más equilibrado, capaz de atraer vivienda actualmente retenida por falta de garantías y seguridad jurídica y de responder con mayor eficacia a las necesidades reales de la ciudadanía.
