El sector inmobiliario catalán ha manifestado su oposición a la propuesta jurídica que plantea restringir la adquisición de determinadas viviendas en Cataluña. Las asociaciones firmantes consideran que la medida no resolverá el problema del acceso residencial y, en cambio, generará efectos negativos sobre la oferta, la asequibilidad y la seguridad jurídica del mercado. Según las entidades, penalizar a los inversores y compradores que contribuyen a nutrir el parque de vivienda agravará la escasez existente y reducirá la inversión en rehabilitación.
Los representantes del sector advierten que una regulación de este tipo limitaría la modernización del parque inmobiliario y dificultaría la regeneración urbana. En este sentido, el Banco Cooperativo recuerda en su análisis sobre las novedades legislativas del mercado inmobiliario que las medidas restrictivas en la compraventa pueden tener consecuencias directas sobre la inversión privada y el desarrollo de vivienda nueva. Desde las asociaciones promotoras, administradores de fincas y agentes inmobiliarios se insiste en que las políticas efectivas deben centrarse en incentivar la oferta y fortalecer la colaboración público-privada.
El comunicado subraya que la limitación general de compra o tenencia no se ajustaría al marco jurídico nacional y europeo, y podría vulnerar derechos fundamentales. Las organizaciones implicadas —AIC, APCE, CAF Barcelona-Lleida, COAPI de Barcelona y el Consejo de Cámaras de la Propiedad— piden a las administraciones autonómicas y locales promover políticas que faciliten la construcción y rehabilitación sostenible de viviendas, en lugar de imponer barreras a la inversión.
Datos relevantes
Las entidades firmantes rechazan la propuesta de prohibición de compra de viviendas en Cataluña
Consideran que agravará la escasez y aumentará los precios
Más del 65 % del parque de alquiler en Barcelona pertenece a personas físicas
El sector inmobiliario genera más de 400 000 empleos y el 7 % del PIB
Las restricciones podrían frenar la rehabilitación y renovación del parque residencial
Las asociaciones reclaman seguridad jurídica y colaboración público-privada
¿Por qué el sector inmobiliario se opone a la restricción de compra de viviendas?
Las entidades argumentan que prohibir la adquisición de viviendas para uso de inversión reduce la oferta disponible y desincentiva la construcción. Además, consideran que la medida contraviene el marco legal europeo y crea inseguridad jurídica, con impacto directo en la inversión y el empleo del sector. La experiencia en otros mercados demuestra que las limitaciones de compra no mejoran la accesibilidad, sino que encarecen los precios.
¿Qué alternativas propone el sector para mejorar el acceso a la vivienda?
El sector defiende impulsar políticas de colaboración público-privada, aumentar la construcción de vivienda asequible y fomentar la rehabilitación energética y urbana. También propone simplificar la normativa y garantizar la estabilidad regulatoria para atraer inversión sostenida, lo que permitiría ampliar la oferta y equilibrar el mercado a medio plazo.
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El sector inmobiliario catalán alerta sobre los efectos de la propuesta de prohibición de compra de vivienda
El sector inmobiliario catalán rechaza la propuesta que pretende prohibir determinadas compras de viviendas en los municipios de Cataluña.
Las entidades firmantes de este comunicado consideran que esta medida no sólo no solucionará el problema de acceso a la vivienda, sino que generará efectos negativos tanto en la oferta como en la asequibilidad, y creará inseguridad jurídica, al no adecuarse a la legalidad vigente. La reducción de la oferta provocaría una escasez que, a corto plazo, se traduciría en un incremento de los precios.
El problema principal en el mercado residencial es la falta de oferta, especialmente de vivienda en alquiler. La prohibición de adquirir inmuebles para destinarlos al alquiler conllevaría una reducción significativa del parque disponible, afectando especialmente a las personas físicas, que representan más del 65 % del parque de alquiler en Barcelona.
Legislar contra los inversores, compradores y el conjunto del sector inmobiliario, que son quienes nutren de oferta de vivienda en Cataluña, restringirá aún más el parque disponible, agravando el acceso a la vivienda y poniendo en riesgo uno de los objetivos sociales más importantes: el alquiler asequible.
Asimismo, la restricción a la compra de edificios enteros para su posterior venta frenaría la rehabilitación y la renovación del parque residencial, impidiendo su adaptación a estándares de eficiencia energética y habitabilidad, y contraviniendo las políticas europeas de regeneración urbana.
En un mercado declarado como tenso, la adquisición de un inmueble para destinarlo al alquiler, incluso si se trata de una única vivienda, ya se encuentra sujeta a condiciones reguladas por la administración. Imponer una limitación general a la compra para combatir algo que el propio régimen ya regula resulta desproporcionado.
Además, la propuesta tendría un efecto inmediato sobre la inversión privada en el sector, desincentivando la compra y reduciendo la generación de nuevas viviendas, con consecuencias negativas directas sobre el parque inmobiliario y sobre toda la cadena de valor vinculada al sector, que genera más de 400.000 puestos de trabajo y representa un 7 % del PIB.
Desde el sector inmobiliario catalán se insta a los poderes públicos a apostar por políticas que incentiven la oferta de vivienda mediante la colaboración público-privada, respetando el marco jurídico nacional y europeo. Las restricciones propuestas no sólo son ineficaces para incrementar la oferta, sino que ponen en riesgo el acceso a la vivienda, la actividad económica y la creación de empleo.
Las entidades firmantes del comunicado son: la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña (AIC), la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE), el Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona y provincia y el Consejo de Cámaras de la Propiedad de Cataluña.
