La Generalitat Valenciana ha anunciado que se hará cargo del coste de las inspecciones técnicas en los edificios afectados por la DANA en los casos que el Gobierno central no financie. Susana Camarero, vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Servicios Sociales e Igualdad, aseguró que la seguridad de las personas está “por encima de cualquier racanería” y criticó la falta de compromiso del Ejecutivo estatal en este asunto.
Durante la rueda de prensa posterior a los plenos ordinario y extraordinario del Consell, Camarero destacó el trabajo del Instituto Valenciano de la Edificación (IVE), que ha realizado más de 9.500 inspecciones en 54 localidades afectadas por la riada del pasado octubre. Estas revisiones han identificado 1.458 viviendas inhabitables, 305 demoliciones totales o parciales, y más de 200 apuntalamientos.
La consellera denunció la “insensibilidad” del Gobierno central, que inicialmente prometió financiar todas las inspecciones, pero ahora excluye a los edificios asegurados. Ante esta situación, el IVE ha enviado una carta exigiendo explicaciones y el cumplimiento de lo acordado. Camarero reiteró que la Generalitat continuará realizando las inspecciones necesarias, independientemente de si el Gobierno asume el coste o no.
Reclamaciones sobre el Fondo de Solidaridad
Además de las inspecciones, Camarero criticó la “opacidad” del Gobierno central respecto al Fondo de Solidaridad de la Unión Europea, tras solicitar 4.400 millones de euros un día antes de que expirara el plazo. La vicepresidenta exigió aclaraciones sobre si la cifra corresponde únicamente a este mecanismo o incluye fondos adicionales, dado que supera la dotación máxima del instrumento.
Camarero también volvió a insistir en la necesidad de que el Gobierno apruebe un Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) extraordinario para la Comunitat Valenciana. Destacó que este apoyo financiero es imprescindible tras los daños provocados por la DANA y subrayó que, aunque el FLA se ha concedido durante 12 años consecutivos, aún no se ha confirmado su continuidad en esta legislatura.
La consellera lamentó además que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no haya visitado las zonas afectadas desde hace más de dos meses. Camarero calificó esta ausencia de “agravio comparativo” frente a otras catástrofes como la erupción del volcán en La Palma, donde Sánchez realizó numerosas visitas.
Nueva Ley de Ordenación de la Costa Valenciana
En el mismo acto, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, presentó el proyecto de Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, aprobado por el Consell. Esta normativa busca equilibrar la protección ambiental y los usos económicos en los 500 kilómetros de litoral de la Comunitat Valenciana, que generan el 15 % del PIB regional.
Martínez Mus explicó que la ley incluye mecanismos para preservar los núcleos costeros tradicionales y sus valores etnográficos, al tiempo que regula actividades humanas compatibles con la sostenibilidad de la costa. La norma también prohíbe, por primera vez en la región, el fondeo de embarcaciones sobre praderas de posidonia, una medida clave para proteger esta especie marina.
El conseller señaló que esta legislación responde a lagunas existentes en la normativa estatal y representa un avance significativo en la gestión del territorio costero. Según Martínez Mus, el proyecto refuerza el compromiso del Consell con la sostenibilidad y la preservación del patrimonio natural y cultural de la Comunitat Valenciana.
Con estas iniciativas, la Generalitat reafirma su compromiso con la seguridad, la sostenibilidad y el desarrollo económico de la región, en un contexto marcado por los desafíos derivados de la DANA y la necesidad de adaptar el marco legislativo a las particularidades del territorio valenciano.
