El Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía creará 18.000 empleos

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha anunciado que el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023-2030 generará 18.000 empleos a tiempo completo y aportará más de 1.100 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) de la comunidad. Durante su intervención en los Encuentros CEACOP, Nieto destacó que este ambicioso proyecto movilizará 1.500 millones de euros para construir o reformar sedes judiciales en el 100% de los 85 partidos judiciales andaluces.

El consejero ha instado a las empresas de la construcción a aprovechar esta «oportunidad de negocio» y competir en las licitaciones de las más de 160 obras previstas. «Es una oportunidad que hay que gestionar bien y que tenemos que aprovechar», subrayó Nieto, resaltando la importancia de contar con el sector como aliado para el desarrollo económico y social de Andalucía.

Fórmulas innovadoras de financiación y colaboración público-privada

Para llevar a cabo este plan, la Junta de Andalucía ha diseñado estrategias innovadoras de financiación que permitan superar las limitaciones presupuestarias históricas en materia judicial. Entre estas fórmulas destaca la utilización, por primera vez, de fondos europeos destinados a obras en edificios judiciales, así como la colaboración público-pública con ayuntamientos y diputaciones.

Nieto explicó que ya se han suscrito nueve protocolos y convenios con entidades locales para que estas asuman la construcción de edificios municipales a cambio de ceder su uso a la Consejería de Justicia durante 30 años, cobrando un canon anual que les permitirá recuperar la inversión y obtener beneficios. Un ejemplo de esta iniciativa es el proyecto en marcha en Roquetas de Mar, Almería.

La colaboración público-privada también jugará un papel fundamental. El consejero defendió esta vía «sin complejos, desde la transparencia», y detalló que permitirá desbloquear grandes proyectos como las Ciudades de la Justicia de Cádiz, Jaén y Huelva mediante la concesión de obra pública. «Es la vía que va a permitir que grandes proyectos que llevan décadas en el cajón puedan ver la luz», afirmó.

Impacto en el sector de la construcción y mejora del servicio judicial

El plan supone una gran oportunidad para el sector de la construcción andaluz. Más de 60 empresas han concurrido a las licitaciones convocadas hasta ahora, lo que, según Nieto, demuestra el interés y la confianza en el proyecto. Obras como la nueva sede de Órgiva en Granada, a la que se presentaron 13 empresas, y la reforma de los juzgados de Aguilar de la Frontera en Córdoba ya han sido adjudicadas.

Además, se están ultimando proyectos de ejecución con la previsión de iniciar las obras en 2025, como los nuevos edificios judiciales de Algeciras en Cádiz, Huércal-Overa en Almería y Villacarrillo en Jaén, así como la adecuación de edificios en el campus de Palmas Altas para la Ciudad de la Justicia de Sevilla.

El objetivo es que todas las obras del plan estén al menos iniciadas en 2030. Nieto hizo hincapié en que esta iniciativa no solo beneficiará a grandes constructoras, sino también a medianas y pequeñas empresas andaluzas. «Mejorando la Justicia también podemos generar economía, empleo y actividad para un sector que en Andalucía tiene una implantación muy fuerte», indicó.

El Plan de Infraestructuras Judiciales también busca mejorar la prestación del servicio judicial en Andalucía. Se han previsto más de 160 actuaciones, incluyendo construcciones nuevas, rehabilitaciones y reformas para mejorar la accesibilidad, la digitalización, la eficiencia energética y la ordenación de espacios, adecuando las sedes existentes a las necesidades del siglo XXI.

El presidente de CEACOP, Carlos López, agradeció al consejero su intervención y destacó que las infraestructuras judiciales son una oportunidad que el sector de la construcción debe aprovechar. Abogó por que sean empresas andaluzas las que desarrollen estos importantes proyectos para que la inversión se quede en la comunidad.

Con esta inversión, la Junta de Andalucía pretende no solo modernizar la Justicia, sino también impulsar el desarrollo económico y social de la región, atrayendo proyectos e inversiones y fortaleciendo la confianza en las instituciones. «La Justicia es el cimiento de nuestra democracia», concluyó Nieto, enfatizando la importancia de un sistema judicial ágil y eficaz para el progreso de Andalucía.

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