Aunque aún no se conoce el texto definitivo de la nueva ley, para la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias -AMADEI– las líneas maestras aireadas desde los dos grupos políticos que conforman el Gobierno, dejan bien a las claras no solo la inoportunidad de la misma, sino también su evidente carácter nocivo para la producción de viviendas.
Una de las medidas en discusión es la de destinar el 30% de los nuevos desarrollos urbanísticos a vivienda protegida. Esto, «implicaría un parón en la producción residencial, dado que los costes de los suelos no admiten ese cambio súbito e intempestivo de catalogación de las viviendas, socavando los planes de negocio y provocando el descuadre de cuentas de las promotoras», afirma Jesús Manuel Martínez Caja, Secretario General Ejecutivo de AMADEI.
La Ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha declarado que cualquier promoción, no solo en los nuevos desarrollos urbanísticos, deberá destinar el 30% a vivienda social, lo cual, para AMADEI, «es un absoluto disparate». Un ejemplo es que, en Cataluña, ha descendido a mínimos la ejecución de nuevas promociones tras aprobarse por ley esta medida.
Desde AMADEI se alerta que «teniendo en cuenta que se pretende aprobar una ley estatal prácticamente calcada de la ley catalana, que está recurrida en estos momentos ante el Tribunal Constitucional, más allá de su ineficacia constatada, está claro el destino que depara al sector».
Respecto a la intervención del mercado de alquiler, no hay más que aplicar el ejemplo de Barcelona, París o Berlín y podemos aventurar que está abocada a repetir la funesta historia ya vivida en otros países y en la propia Ciudad Condal, donde los alquileres se han reducido en más de un 40%.
Por tanto, desde AMADEI, a la espera de conocer exactamente el texto de la nueva Ley de Vivienda, debemos de manera cautelar mostrar nuestra frontal oposición a las línea intervencionista y populista hasta la fecha hecha pública, reiterando que debe abordarse el incremento del parque de vivienda pública y los incentivos fiscales a propietarios e inquilinos desde otros parámetros más justos que no redunden en un claro perjuicio de la propiedad privada.
AMADEI muestra el máximo respeto por las familias y grupos socialmente más vulnerables y por el derecho a una vivienda digna, pero «insistimos en que las medidas propuestas son gravemente perjudiciales para los propios demandantes de vivienda, sea en compra o alquiler, dado que los efectos de las medidas contempladas implican la bajada de la oferta, que a su vez conlleva el ineludible incremento de precios».
