En un informe remitido a la Comisión Europea, la asociación señala una falta de garantías para asegurar los principios de integridad y transparencia, lo que a su juicio puede convertir la gestión de los fondos en un «foco de corrupción y arbitrariedad».
«La ausencia de una capa de profesionales técnicos que apoyen sus decisiones abona la percepción de que puede haber bastante arbitrariedad en su adopción y hace peligrar el correcto empleo de los fondos», apunta Felipe García, abogado y socio de Círculo Legal Madrid y miembro de la junta directiva de la World Compliance Association.
La World Compliance Association ha remitido un informe a la Comisión Europea en el cual alertan de una «falta de garantías» en la gestión de los fondos europeos por parte del Gobierno de España, quien a su juicio no asegura los principios de integridad y transparencia y puede convertir la administración de los fondos «en un foco de corrupción y arbitrariedad».
Felipe García, abogado y socio de Círculo Legal Madrid y miembro de la junta directiva de la World Compliance Association, explica que el informe refleja que se ha detectado que en Real Decreto-ley 36/2020, previsión legal para la aplicación de los fondos, no existe ninguna comisión profesionalizada con capacidad ejecutiva para llevar a cabo la gestión, ni se definen los órganos que darán soporte técnico a los proyectos.
«La falta de una comisión experta de gestión convierte los fondos en un posible foco de corrupción, ya que no hay criterios objetivos por parte de un comité para la asignación», señala el abogado.
«La ausencia de una capa de profesionales técnicos que apoyen sus decisiones abona la percepción de que puede haber bastante arbitrariedad en su adopción y hace peligrar el correcto empleo de los fondos», apunta Felipe García.
Por otro lado, el abogado señala la necesidad de incorporación de herramientas de revisión documental masiva, para examinar contratos o pliegos. «Aportarían una dosis de objetividad e imparcialidad necesaria al sistema de gestión de los fondos», añade.
Exceso burocrático
El informe, que también ha sido remitido a los ministerios de Economía y de Justicia y al Tribunal de Cuentas señala también que la asignación de los fondos tendrá muy difícil corregir la «parálisis general por exceso de burocracia» que afecta a las actividades de las administraciones públicas desde 2015.
La Asociación señala que faltan medios humanos y materiales, desde el punto de vista de la contratación y de la formación de personal para que los empleados públicos manejen y controlen las herramientas para la gestión de los fondos.
Según denuncia el informe, en la gestión de los fondos europeos «no solo está en juego la lucha contra la corrupción y otras prácticas irregulares sino la reputación de España ante sus socios comunitarios», y reclaman un nuevo modelo de gestión «neutro, profesional e íntegro».
