Recientemente, los grupos parlamentarios de Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Catalunya y EH-Bildu, han registrado en el Congreso una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado, que, de aprobarse, prohibirá todos los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta 2023.
Esta enmienda, ha sido catalogada desde el Gobierno como sorpresiva e inoportuna al mezclarse con los presupuestos. A pesar de ello, la Asociación Madrileña de Empresas Inmobiliarias -AMADEI-, ha alertado de que dicha enmienda tendría serios visos de prosperar tras el debate parlamentario, dado el coste político que supondría para el PSOE rechazar una enmienda propuesta por sus socios de presupuestos.
Ante ello, el Secretario General de AMADEI, Jesús Manuel Martínez Caja, expone que, desde la patronal madrileña del sector de la intermediación inmobiliaria, se ve dicha enmienda como un golpe mortal al pequeño arrendador, que se vería obligado a mantener su propiedad sin producirle rentabilidad alguna durante dos años y, por el contrario, asumiendo los costes derivados de dicha propiedad.
«Se olvida que, la mayoría de arrendadores, son pequeños tenedores que complementan sus ingresos con estos alquileres, que, en muchos casos compensan sus hipotecas y otros gastos con dichos ingresos y que el 80% de los alquileres no son en modo alguno especulativos ni están en manos de los grandes tenedores» expone Martínez Caja.
«Entendemos que se adopten medidas sociales que busquen el bienestar de las familias más vulnerables, pero, en tal caso, también deben contrarrestarse con otras que palíen los perjuicios para los arrendadores, buscándose un equilibrio justo y, desde luego, esta enmienda no lo contempla así», continúa el Secretario General de AMADEI.
AMADEI se muestra contraria a la aprobación en el Congreso de dicha enmienda y considera que, de aprobarse en su texto original, lo que se pretende es introducir una moratoria hasta el 31 de diciembre de 2022 en los desahucios por impago de rentas, por expiración del contrato de alquiler, por precario (lo que podría amparar los delitos de usurpación y okupación) y derivados de procedimientos penales por uso de vivienda sin título, por lo que sería un grave error, se estarían vulnerando derechos fundamentales de los propietarios y la legalidad de la norma acabaría, con toda seguridad, examinándose por el Tribunal Constitucional.
