El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha dictado la primera sentencia favorable en relación al plan, que está en marcha desde enero de 2017 para ordenar la apertura de nuevos alojamientos turísticos a la ciudad y hacerlos compatibles con un modelo urbano sostenible basado en la garantía del derecho a la vivienda y la mejora de la calidad de vida de los vecinos y vecinas.
La sentencia desestima el recurso presentado contra la aprobación del PEUAT por parte del promotor de un alojamiento turístico a la calle de la Princesa, 37 que no pudo continuar la tramitación de la licencia porque la solicitó antes de la suspensión sin ningún derecho adquirido.
En rueda de prensa, la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad en funciones, Janet Sanz, ha explicado que la sentencia representa un «aval judicial a una de los aspectos estratégicos del mandato Colau».
«Nos dice que hay que regular el turismo y que lo hemos hecho bien, en base a la normativa vigente», ha remarcado, y ha asegurado que el PEUAT es «una buena herramienta que tiene toda la seguridad jurídica».
En este sentido, la decisión del TSJC es muy clara y contundente, puesto que avala la capacidad y las competencias municipales en relación a la ordenación urbanística de la ciudad.
Según Sanz, además, la sentencia sitúa la necesidad de regular el turismo, puesto que apunta que las ciudades tienen la obligación de «desarrollar un urbanismo sostenible y equilibrar los usos que se dan en el territorio para hacerlos compatibles con la defensa de poder vivir en la ciudad».
«Por lo tanto, la barra libre donde estábamos abocados antes afectaba valores esenciales y derechos fundamentales como la seguridad, la convivencia en el espacio público y el precio de las viviendas», ha recalcado.
Dicha sentencia, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), desestima el recurso presentado contra la aprobación del PEUAT por parte de un promotor hotelero y hace referencia, sin citarla, a la gentrificación al señalar las «secuelas» de los alojamientos turísticos.
Entre dichas «secuelas», el texto hace referencia al «encarecimiento del alquiler (?) en perjuicio de los residentes de condición más humilde, puestos en la tesitura de tener que desplazar sus vidas al extrarradio», a la convivencia ciudadana, la degradación del espacio público o la seguridad.
