El Ayuntamiento de Barcelona convocará dos concursos para sacar a licitación un nuevo paquete de cuatro solares destinados a la construcción de cerca de trescientas viviendas protegidas de obra nueva. Dos de los solares se adjudicarán a cooperativas de vivienda mediante el derecho a superficie, y los otros dos a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro, para crear vivienda de alquiler asequible.
Con los dos concursos simultáneos se implanta un nuevo modelo municipal de adjudicación de solares a entidades y cooperativas que hasta ahora colaboraban con el Consistorio por la vía de los convenios. Según el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner, los concursos plantean dos grandes cambios con relación a procesos anteriores, de los cuales uno es la fórmula de concurso abierto. «Antes se hacían convenios directamente, pero ahora consideramos que es importante que salgan a concurso de licitación, por cuestiones de transparencia y concurrencia pública», ha manifestado Montaner.
El otro cambio tiene que ver con la titularidad del suelo, que seguirá siendo público en el futuro. «Una de las premisas de este Ayuntamiento es que el suelo público lo siga siendo para siempre, ya que antes pasaba a ser propiedad de estas fundaciones y cooperativas», ha recordado el concejal.
En el caso de los dos solares destinados a cooperativas, lo que se vende a la cooperativa es el derecho de superficie por un periodo de 75 años, ampliable a 90. Es decir, la cooperativa tiene derecho sobre el vuelo, que es aquello que se construye sobre el terreno, pero el suelo sigue siendo de propiedad municipal.
Los solares que salen a licitación con esta modalidad son el de la avenida del Estatut de Catalunya, en Horta-Guinardó, y el de la calle de Aiguablava, en Nou Barris. En total, se prevé la construcción de 161 viviendas mediante este sistema y se establecen diferentes normativas para garantizar su uso público y destino social.
Las fundaciones y entidades sin ánimo de lucro que opten a la gestión de algunos de los otros dos solares (avenida de Escolapi Càncer, en Nou Barris, y calle de Bolívia, en Sant Martí) tienen que ofrecer precios de alquiler limitados, iguales o inferiores a los precios que la ley marca como protegidos (7,28 euros por metro cuadrado). Estas viviendas se adjudicarán a personas que se encuentren en el registro de solicitantes de Barcelona. En total, se prevé la construcción de 115 viviendas de estas características, todos para alquiler.
La convocatoria de estos dos nuevos concursos públicos completa el abanico de fórmulas previstas por el Plan por el derecho a la vivienda de Barcelona 2016-2025 y, según Montaner, muestra claramente la apuesta municipal por la diversificación. «No podemos desperdiciar ninguna oportunidad y tenemos que innovar nuevos caminos para multiplicar la vivienda a precio asequible en Barcelona», ha declarado.
Esta diversificación se muestra no solo con los actuales concursos destinados a cooperativas y fundaciones, sino también mediante diferentes modelos ya establecidos: la promoción directa de vivienda pública, impulsada por el futuro Instituto Municipal de la Vivienda y la Rehabilitación de Barcelona (actual Patronato Municipal de la Vivienda de Barcelona, el impulso de la cohabitación —con cinco proyectos de cooperativas en marcha ya licitados en cinco solares— y la promoción de la vivienda mediante un operador mixto, público-privado, que se constituirá durante los próximos meses.
