Ya se conocen los resultados de la campaña de Inspección orientada a la sobreocupación de establecimientos de alojamiento turístico llevada a cabo en Baleares. En el marco de la campaña, que se ha llevado a cabo durante todo el mes de agosto, los inspectores de la Dirección General de Turismo han visitado un total de 40 establecimientos ubicados en diferentes zonas turísticas de Mallorca.
«Es muy preocupante que en el 72 por ciento de los establecimientos inspeccionados hemos encontrado sobreocupación», ha explicado la directora general de Turismo, Pilar Carbonell. «En primer lugar porque eso significa una sobrecarga de trabajo por todo el personal del establecimiento. No tenemos que olvidar que el número de trabajadores está dimensionado en función del número de plazas legalmente declaradas», argumentaba Carbonell.
Aparte de este aspecto laboral, la directora general también recordaba que el hecho de alojar en el establecimiento más personas de las que permiten las plazas autorizadas podría suponer un riesgo de seguridad para los propios clientes, en caso de cualquier incidencia que se podría producir en el establecimiento.
Mientras la mayoría de las actas se han levantado por un porcentaje de sobreocupación del uno al 10 por ciento, también se han dado casos extremos de una cuota de sobreocupación entre 50 y 64 por ciento.
Las sanciones correspondientes pueden llegar desde 4.001 a 40.000 euros. En la Vicepresidencia y Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo ya se han iniciado los trámites administrativos correspondientes. El total de las sanciones podría sumar más de 500.000 euros.
Ante la gravedad de las infracciones cometidas en algunos de los casos, desde la Conselleria de Innovación, Investigación y Turismo se están estudiando tomar otras medidas sancionadores que permite el marco legal.
La reforma de la ley turística por el Gobierno balear -en vigor desde el pasado 9 de agosto- ha fijado un tope al alojamiento de visitantes en establecimientos turísticos legales. El techo de plazas ha quedado fijado en 623.624, de las que la mayoría 435.707 están en Mallorca y más de la mitad en manos de establecimientos hoteleros. El Gobierno multará con hasta 400.000 euros a las plataformas que no retiren los anuncios de pisos turísticos que pasan a ser ilegales.
