La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha anulado el Plan General de Ordenación Urbana de Buñol (Valencia), aprobado definitivamente por acuerdo de la Comisión Territorial de Urbanismo de 19 de diciembre de 2012, por falta de Evaluación Ambiental Estratégica.
La sentencia estima el recurso de un particular y revoca la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, de 27 de noviembre de 2015, que avaló el PGOU de Buñol por entender que no debía someterse a Evaluación Ambiental Estratégica.
El Supremo indica que la necesidad de esa Evaluación ambiental es exigible, de acuerdo a la disposición transitoria primera de la Ley 9/2006, sobre evaluación de los efectos de determinados planes en el medio ambiente, a los planes de ordenación urbanística cuyo primer acto preparatorio formal sea anterior al 21 de julio de 2004 y su aprobación definitiva posterior al 21 de julio de 2006, como fue el caso del PGOU de Buñol impugnado.
Por otro lado, el TS destaca que el TSJ valenciano, en un supuesto de hecho idéntico, se pronunció en sentido contrario al que acordó en el caso de Buñol, estableciendo que sí era exigible la Evaluación Ambiental Estratégica, y que esa segunda sentencia fue confirmada por el Supremo en virtud de la citada disposición transitoria primera de la Ley 9/2016.
El Pleno del Consell de la Generalitat Valencia aprobaba en noviembre de 2012 este plan, tras la luz verde que un mes antes había dado la Comisión Territorial de Urbanismo de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente.
El Plan General de Ordenación Urbana de Buñol, que prevé la expansión urbana del municipio para un horizonte de 10 años aproximadamente. Esta ampliación del PGOU se desarrolla detalladamente en suelo urbano y en el urbanizable de ejecución inmediata. Igualmente, se especifica la reserva de suelo para la implantación de infraestructuras públicas previsibles a más largo plazo, adaptando el planeamiento a la legislación vigente.
El Plan General prevé una población de 13.397 habitantes. La superficie de zonas verdes y espacios libres de carácter estructural asciende a 351.485 m², de modo que se alcanza un ratio total de zonas verdes de 16,94 m² por habitante.
En suelo urbano, el Plan asume la delimitación del Plan Director del Castillo y el Plan Especial de protección de su entorno, que establece una normativa transitoria hasta la aprobación de una ordenación específica para este entorno.
